El Consejo General del Poder Judicial ha incoado la Diligencia Informativa 313/2020, a la que ha tenido acceso Diario16, a consecuencia de la denuncia de ACODAP, la asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública liderada por el ex juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, contra la jueza sustituta que condenó por un delito de descubrimiento de secretos al empleado sindical que destapó la trama de las facturas falsas de UGT.
La que fuera jueza sustituta del Juzgado de loPenal nº 15 de Sevilla, Ana María León Gallego, condenó a 2 años decárcel por un delito de descubrimiento y revelación de secretos a RobertoMacías, ex empleado de UGT Andalucía, que alertó sobre las presuntas facturasfalsas que la federación andaluza del sindicato confeccionó supuestamente demanera fraudulenta para “justificar” las subvenciones millonarias destinadas acursos de formación concedidas por la Junta de Andalucía.
La sentencia, que fue notificada el pasado 13 demayo, consideraba, sin embargo, que esas facturas presuntamente falsasconfeccionadas por el sindicato eran “información reservada y sensible” y,por lo tanto, la jueza Ana María León entendía que merecían protección comosi se tratara de los secretos lícitos de cualquier empresa.
Según los hechos probados de la sentencia “el 7de noviembre de 2012, sobre las 17.02 horas, el acusado se conectó al PC,cuando se hallaba en horario laboral, conectando el dispositivo dealmacenamiento masivo USB, en el que volcó o copió al menos 374 elementos (342ficheros y 32 carpetas), lo que supone un total de 22.500 archivos o ficherosinformáticos, extraídos del Servidor de datos de UGT-A, en concreto de unacarpeta denominada ‘COMPRAS’ y que a su vez se hallaba dentro de otradenominada ‘CONFIDENCIAL/COMPRAS’”.
Seguía diciendo la sentencia que “dichosarchivos o ficheros contenían información reservada y sensible del referidoSindicato, entre la que se encontraban facturas emitidas por diversosproveedores de UGT-A, como las mercantiles PINEDA, ASESORES DE VIAJES, LIENZOGRÁFICO, CHAVSA, PUBLICAR, SIOSA y VIAJES MACARENA, documentación relativa alos denominados “RAPEL” y “BOTES”, figuras éstas que hacían referencia adeterminados porcentajes repercutidos a proveedores y no declarados ante laAdministración por el Sindicato y el encargo de facturas simuladas,que estaban siendo objeto de investigación por el Juzgado de Instrucción nº 9de esta capital, por la presunta financiación ilegal del Sindicato, así comodatos personales de alguno de sus integrantes contenidos en una agenda deteléfonos”, apuntaba la sentencia.
En su denuncia ante el CGPJ, ACODAP considera quecalificar como secretos de empresa algo sobre lo que existe obligación de denunciarpodría suponer, por parte de la jueza sustituta, la comisión de una faltadisciplinaria muy grave de “ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberesjudiciales”.
Como regla general, dice la denuncia, el art. 259de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que tendrá la obligación dedenunciar el que tenga conocimiento de la perpetración de cualquier delito público,pudiendo ser sancionado en caso contrario por falta de colaboración con laAdministración de Justicia (STS 1016/2012, de 20 de diciembre).
Según la asociación denunciante, esta obligaciónde denunciar se compadece muy mal con el hecho de que unas facturas simuladaspara defraudar al erario público puedan ser calificadas al mismo tiempo como una “informaciónreservada y sensible” cuya denuncia suponga la comisión de un delito dedescubrimiento y revelación de secretos.
“O es una cosa o la contraria” dice el escritopresentado ante el CGPJ, que insiste en que “no puede ser las dos cosas almismo tiempo”, refiriéndose al hecho de que no se puede condenar por el delitode descubrimiento y revelación de secretos a quien tiene obligación dedenunciar, como es el caso de Roberto Macías.
Hay que recordar que la jueza sustituta ya fue amonestada el 9 de abril de 2019 por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por “mala actuación y dejadez”, cuando Ana María León hizo una sustitución en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Sevilla. A pesar de ello fue nombrada posteriormente al menos en otras cinco ocasiones más, la última de las cuales fue precisamente el juzgado de lo Penal nº 15 de la capital hispalense, que según parece habría abandonado también a fecha de hoy.