El Defensor del Pueblo pide impulsar las investigaciones sobre los bebés robados

Días antes de que se reanudara el juicio, ya visto para sentencia, del doctor Vera como responsable de la venta o “regalo” como él reconoció en unas grabaciones, a una bebé recién nacida mientras hacían creer a su madre que había muerto, el Defensor del Pueblo Francisco Fernández Marugán, ha dado un nuevo impulso a las investigaciones sobre los casos de “bebés robados”, un drama que ha afectado a miles de personas en España, que todavía esperan una respuesta de las instituciones “comprometida y sincera”.Pedro Caraballo, coordinador adjunto a la presidencia en la Plataforma Buscando Justici, y presidente en el observatorio internacional para la defensa de los derechos humanos, para el desarrollo socio cultural y contra la corrupción, valora de forma muy positiva que el Defensor del Pueblo, haya decidido impulsar este asunto y que “algún llegue a hacerse justicia”.Según el Defensor, los poderes públicos están obligados a dar una respuesta legal a las víctimas y hacer un esfuerzo por esclarecer los hechos denunciados, así como darles todo el apoyo necesario para paliar la angustia que les produce el hecho de no poder conocer a su familia biológica.

Sería muy útil para las investigaciones que la Iglesia Católica facilite toda la información que tiene sobre las órdenes religiosas que atendían en los hospitales

Así se lo ha hecho saber a los Ministerios de Justicia, del Interior y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y a la Fiscalía General del Estado, a quienes ha remitido sendos escritos con recomendaciones para agilizar los procesos de investigación y para trasladarles las peticiones de las asociaciones de afectados.En concreto, la Institución ha recomendado a la Secretaría de Estado de Justicia la creación de un banco de ADN Nacional y que la realización de las pruebas sea gratuita para las víctimas del tráfico de bebés robados. Derecho justicia gratuitaAsimismo, el Defensor ha recomendado que se conceda automáticamente el derecho de justicia gratuita a las víctimas en los procedimientos judiciales que se inicien o se hayan iniciado. También considera necesario reorganizar la oficina para los afectados para que, además de mantener las actuales funciones del servicio de información y recogida de datos, ofrezca un servicio de orientación jurídica para las víctimas y refuerce sus prestaciones. Además, la Institución ha recomendado a la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, dependiente del Ministerio de Justicia, que se dirija a las autoridades eclesiásticas para que faciliten toda la información y documentación que pueda ayudar a las víctimas inmersas en procesos judiciales.A juicio del Defensor del Pueblo, aunque los archivos parroquiales no puedan ofrecer por sí solos información relevante, sus datos sí pueden ser cruzados con las inscripciones de nacimiento del Registro Civil.También sería muy útil para las investigaciones que la Iglesia Católica facilite toda la información que tiene sobre las órdenes religiosas que atendían en los hospitales y que identifique a las personas que desempeñaban sus funciones en maternidades, hospitales, casas cuna, orfanatos, centros para madres solteras, etc. para cruzar dicha información con otras bases de datos de los archivos históricos y del Registro Civil.Por otra parte, el Defensor del Pueblo se ha dirigido a la Fiscalía General del Estado para que informe sobre el estado de tramitación en el Tribunal Supremo del procedimiento sobre la unificación de doctrina en la prescripción de los casos de bebés robados. En el caso de que hubiese sido resuelto, la Institución quiere conocer la resolución adoptada y los efectos que ese fallo judicial tiene en los procedimientos pendientes y/o sobreseídos.El Defensor del Pueblo coincide con las asociaciones de víctimas en la necesidad de crear en la Fiscalía General una Sección especializada para estos casos.La Institución se ha dirigido también al Ministerio de Trabajo para que verifique si tiene en su poder el archivo del antiguo Patronato de Protección a la Mujer y el archivo de la Obra de Protección de Mujeres. Ambos archivos podrían contener documentación de gran valor para las investigaciones de estos casos.