La pieza separada del Caso Tándem, en la que el presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, está investigado, es un verdadero nido de presuntas irregularidades jurídicas. Según han señalado fuentes judiciales consultadas por Diario16, la figura de Florentino Pérez podría ser la clave para que se esté produciendo un ensañamiento con el presidente de Iberdrola que no se produjo con otros representantes empresariales, también imputados, a los que el magistrado Manuel García-Castellón desimputó atendiendo a las mismas razones que niega a Sánchez Galán.
Es de reseñar el hecho de que en lo que respecta a esos altos representantes empresariales, como es el caso del presidente de Repsol, la Sala de lo Penal ha desautorizado a García-Castellón porque el archivo de sus causas se realizó cuando aún no se habían practicado las diligencias de investigación necesarias. Es decir, que la Sala demostró que el trabajo que realizó el instructor fue absolutamente insuficiente como para tomar la decisión de desimputar a, entre otros, Antonio Brufau.
Un auto de García-Castellón archivaba la causa contra Sánchez Galán
La penúltima barbaridad jurídica que ha perpetrado García-Castellón, un juez cercano a Florentino Pérez o a personas muy próximo al presidente de ACS (de las Diario16 hablará próximamente, aunque, tal y como hemos publicado en estas páginas, eran habituales sus desayunos dominicales con un periodista muy cercano a Florentino), se produjo en el día de ayer, cuando en apenas una hora de diferencia exculpó a Sánchez Galán y, posteriormente, mantuvo su condición de investigado.
Esto, desde un punto de vista humano, se llama ensañamiento y crueldad, puesto que lo que se ha hecho es jugar con los sentimientos de una persona a la que, por motivaciones espurias, se está arrastrando por el barro judicial. De esta situación no se beneficia la Justicia, sino sólo, tal vez, Florentino Pérez.
El magistrado ha dictado dos autos. A ambos ha tenido acceso Diario16. En el primero, García-Castellón decía sin ningún género de dudas que Ignacio Sánchez Galán no debía ser imputado. «Procede el sobreseimiento provisional ex art. 641.2 de la Lecrim, en relación con éste investigado, al entender la existencia de delito previo, pero no existen motivos suficientes para acusar a este investigado como autor, cómplice o encubridor», afirmaba ese primer auto.
Según ese primer auto, García-Castellón reconoce la inocencia del presidente de Iberdrola en referencia a la contratación de los servicios del excomisario Villarejo porque, según el organigrama de la compañía eléctrica, no era el superior de Asenjo. «En conclusión, ni en términos corporativos, ni desde la provisionalidad de esta fase procesal se puede sustentar que la iniciativa para la contratación partiera del investigado José Ignacio Sánchez Galán».
Además, en ese primer auto, García-Castellón reconoce que no existen pruebas contra Sánchez Galán, lo que tiene como consecuencia que el presidente de Iberdrola no tiene ningún tipo de responsabilidad penal. El propio magistrado reconoce que si se le mantuviera la condición de investigado sería por el mero hecho de ser presidente de la compañía. Además, por otro lado, García-Castellón reconoce mantener la imputación contra Sánchez Galán iría en contra del principio de presunción de inocencia.
El segundo auto, una hora después, denegaba el sobreseimiento
Sin embargo, aproximadamente una hora después, García-Castellón dicta otro auto totalmente opuesto en el que rechazaba la petición de sobreseimiento del presidente de Iberdrola José Ignacio Sánchez Galán en la causa en la que se le investiga por supuestos encargos al comisario José Manuel Villarejo.
En relación con la participación del Sánchez Galán en los hechos investigados, el magistrado subraya que aunque no hay ningún documento, escrito, sonoro o de imagen, que acredite directamente que Villarejo fue contratado por orden suya, o que evidencie de forma inequívoca que supiera que tenía la condición de comisario en activo al ser contratado, «hay indicios de los que puede desprenderse –lo afirmamos con el carácter provisional que corresponde a esta fase procesal– que la iniciativa de llevar a cabo dicha contratación tuvo que partir de Jose Ignacio Sánchez Galán, y que éste fue informado con detalle de los resultados de las gestiones del grupo CENYT, alguno de los cuales conllevaba información difícilmente obtenible de no haber mediado la intervención de funcionarios públicos», afirma este segundo auto.
Según ha podido saber Diario16, desde la Audiencia Nacional se ha alegado que se ha tratado de un error administrativo y que se incluyó en el primer auto sobre Sánchez Galán párrafos que correspondían con los otros autos en los que sí que se archivaron las causas a Fernando Becker, Rafael Orbegozo y Francisco Martínez Córcoles, tres directivos de Iberdrola.
Sea error, o no lo sea, lo que está claro es que no existen casualidades, sobre todo cuando hay intereses en que el presidente de la primera empresa energética de España y la segunda del IBEX35 siga sufriendo graves consecuencias reputacionales, tanto personales como corporativas.
El propio segundo auto es un verdadero despropósito jurídico y una muestra de cómo funciona la Justicia en España o de quién, presuntamente, la maneja. Se afirma, al igual en el primer auto, que no hay pruebas que demuestren que Sánchez Galán contratara a Villarejo y, aun así, García-Castellón dice que hay indicios. No se puede mantener una imputación, salvo que haya, supuestamente, algún interés de que así siga siendo. No en vano, en otras causas en la Audiencia Nacional se han archivado recientemente causas de blanqueo de capitales con pruebas suficientes como para haber enjuiciado al banco que presuntamente cometió ese delito.
En consecuencia, con el presidente de Iberdrola se está produciendo un ensañamiento que ayer pasó la barrera de la crueldad.