El Hospital Quirón de Móstoles obliga a una celadora embarazada a trabajar con productos citotóxicos

La sección sindical de CCOO en el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, gestionado por el grupo Quirón Salud, ha denunciado al centro ante la Inspección de Trabajo por negarse a una adaptación de puesto y exponer a una trabajadora gestante del Servicio de Farmacia a los riesgos que conlleva en su estado el traslado de productos citotóxicos.Los fármacos citotóxicos se utilizan preferentemente para tratar las enfermedades tumorales, no obstante, son sustancias con una elevada toxicidad, principalmente hematopoyética, renal, hepática, digestiva y dérmica, ya que inhiben el crecimiento de las células cancerosas mediante la alteración del metabolismo, el bloqueo de la división y la reproducción celular.Así pues, la evidencia actual pone de manifiesto la necesidad de reducir la exposición del personal sanitario a los fármacos citotóxicos, ya que pueden ser potencialmente peligrosos para la salud. La normativa en prevención de riesgos laborales establece el nivel umbral de exposición a fármacos citotóxicos y obliga a aumentar la protección y seguridad del personal con programas de vigilancia sanitaria continuada, para que en la práctica diaria se minimice el riesgo de exposición.En este caso, los responsables sindicales intentaron resolver la situación comunicando los hechos, tanto de palabra como por escrito, a la dirección del hospital. Ante la negativa de ésta, iniciaron acciones legales alegando que la empresa tenía conocimiento de las deficiencias en las que la trabajadora estaba desarrollando su labor e hizo caso omiso de las quejas de los trabajadores y delegados de prevención.La dirección del hospital conocía también que la trabajadora estaba embarazada y constaba, por tanto, su nueva situación en la actualización de la evaluación de riesgos laborales que se realizó en el mes de octubre de 2019 y que modificaba la evaluación anterior de mayo de 2017.CCOO reclamó a Quirón que variara las funciones y tareas de la trabajadora, debido a su estado, y pidió el traslado a otro servicio para evitar que estuviera expuesta a los riesgos detectados en la evaluación. Sin embargo, la empresa no adoptó medida alguna, obligando a la trabajadora a continuar desarrollando su trabajo con productos de riesgo.