Tal y como publicamos en Diario16, el juez titular del Juzgado de lo Mercantil 2 de Madrid, Andrés Sánchez Magro, dictó sentencia en la que desestimaba la demanda interpuesta por el abogado y accionista de Banco Santander, Eduardo Martín-Duarte, en la que se acusaba tanto a la entidad como a Ana Patricia Botín de manipular las juntas de accionistas.
La resolución judicial de Sánchez Magro se produjo a pesar de la presentación de pruebas documentales en las que, por ejemplo, más de 4.000 millones de delegaciones de acciones depositadas en Deutsche Bank, BNP, CITIBANK o Société Générale. habrían sido también confeccionadas por el Santander, dando el propio banco las instrucciones de voto, limitándose los bancos custodios a firmar y sellar el documento que les remite el Santander, lo que contraviene la normativa española y norteamericana sobre las delegaciones de voto.
Martín-Duarte recurrió esta sentencia para que la Audiencia Provincial de Madrid pueda determinar si efectivamente las maniobras denunciadas, utilizadas presuntamente por el Santander para captar las delegaciones a favor de Ana Patricia Botín y ser ellos los que directamente dan las instrucciones de voto a los bancos custodios, conllevan la manipulación de las juntas del banco cántabro.
Y es aquí cuando entra en acción el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). El 24 de octubre de 2022, a solicitud de Uría y Menéndez, despacho que defiende a Banco Santander y a Ana Patricia Botín, se emite una certificación que es utilizada para intentar que el recurso de apelación del accionista no sea admitido a trámite.
Según el demandante y abogado, dicha certificación habría sido emitida de manera espuria y torticera por el director de los servicios jurídicos del ICAM, Pedro Lescure Ceñal.
Martín-Duarte denuncia que Lescure habría hecho un uso indebido de la firma del secretario del ICAM, que desconocía por completo el asunto y no había ordenado, ni emitido, ni firmado el certificado en cuestión.
Según la información recibida por Martín-Duarte de miembros de la Secretaría del ICAM, la certificación aportada por el abogado de Uría Menéndez al Juzgado para tratar de que el recurso de apelación no fuese admitido no es la que habitualmente emite el ICAM al no llevar numeración, llevar el logotipo en lugar diferente y certificar diferentes aspectos que el ICAM no podría certificar, al ser competencia del Consejo General de la Abogacía.
En definitiva, le manifestaron que aquella certificación no habría sido emitida por la Secretaría del ICAM, que tampoco habría sido firmada por el secretario del Colegio y que no debería obrar en manos de los abogados del Santander y de Ana Patricia Botín.
El secretario del ICAM, según indica Martín-Duarte, ha reconocido que no firmó el certificado ni conocía de su existencia, resultando que habría sido Lescure el que presuntamente emitió la certificación. Sin embargo, en vez de encabezarla y firmarla él como director de los servicios jurídicos, emitió un documento suplantando al secretario. El propio Lescure, según ha podido saber Diario16, habría reconocido ser el autor y emisor de la certificación.
En dicha certificación se comunicaba que Eduardo Martín-Duarte, supuestamente acordado por el ICAM, había sido dado de baja del Colegio de Abogados, lo que le incapacitaba para firmar el recurso contra la sentencia de Sánchez Magro. Sin embargo, no había existido ninguna comunicación preliminar a Martín-Duarte quien desconocía completamente la iniciación del proceso de baja y la resolución que la habría acordado, lo que según éste provocaría su nulidad.
El abogado demandante ha solicitado a los servicios jurídicos del Colegio de Abogados todos los archivos electrónicos y demás documentación relativa a su baja y a la solicitud por parte de Uría Menéndez de la certificación que presentó al Juzgado para tratar de conseguir la inadmisión del recurso de apelación.
Después de más de cinco meses, el director de los servicios jurídicos del ICAM se ha negado a facilitar los archivos en formato electrónico a Martín-Duarte, tal y como se puede comprobar en la documentación a la que Diario16 ha tenido acceso.
Santander, Remón Peñalver y Uría y Menéndez
Diario16 ha tenido acceso a un nuevo escrito presentado por Martín-Duarte al ICAM en el que se podría estar poniendo en juego, incluso, la carrera profesional del «ilustre» presidente del despacho de cabecera de Banco Santander.
Según el escrito, «si los presuntos correos electrónicos que el Sr. Lescure dice haberse cruzado con los abogados de Uría Menéndez, que supuestamente habrían derivado en la confección y expedición por el Sr. Lescure de la `certificación´, existiesen y fuesen los que el Sr. Lescure refiere; los mismos constatarían que en todo el asunto habrían intervenido de consuno o tenido conocimiento directa o indirectamente los siguientes abogados componentes de Uría Menéndez: (1) don Jesús Remón Peñalver; (2) don Manuel García-Villarrubia Bernabé; (3) doña María Encarnación Pérez-Pujazón Millán; (4) don Jaime Alonso Gallo y (5) don Pablo Fernández Martín».
Todos los señalados aparecen en los correos, «por lo que aparenta una actuación conjunta de todos ellos como miembros de la sociedad profesional Uría Menéndez habiéndose comunicado entre ellos y teniendo conocimiento y dado su conformidad con la coordinada y sincronizada forma de actuar», afirma el documento.
Esta acusación haría indicar que la actuación presuntamente fue «detenidamente urdida» por la cúpula de Uría y Menéndez, teniendo en cuenta que el actual presidente del bufete es el ilustre letrado Jesús Remón, responsable de la defensa del Santander y de Ana Patricia Botín. Además, García-Villarrubia y Pérez-Pujazón también ejercen la dirección letrada de Banco Santander en otro procedimiento en la Audiencia Provincial de Madrid en el que el abogado y accionista del Santander ejerce la dirección letrada «de la sociedad Inversión Hogar, procedimiento en el que las demandantes reclaman al Banco Santander más de 200 millones de euros».
Ante esta situación, Eduardo Martín-Duarte pide la creación de una comisión forensic, ejecutada por una entidad independiente, para investigar estos hechos y la legalidad del proceso de baja colegial. Además, reclama la apertura de procedimiento disciplinario contra Lescure y empleados del ICAM que pudieran haber intervenido o encubierto los hechos denunciados. Finalmente, y esto le afecta directamente a Remón Peñalver, la apertura de procedimiento disciplinario contra los abogados de Uría y contra el propio despacho.
La realidad es que cuando se pretende paralizar un procedimiento judicial utilizando el juego sucio demostrado por los representantes de Banco Santander, lo que se consigue es que los argumentos presentados por Martín-Duarte, además de las pruebas presentadas, adquieran presunción de veracidad. Todo el Ibex está pendiente del resultado final de esta demanda en la que tanto el Santander como Ana Patricia Botín se lo juegan todo.