El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha dictado auto de procesamiento contra 49 investigados en el conocido como 'caso Taula'.
Los encausados son en su mayor parte concejales y asesores del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia que presuntamente recibieron dinero negro por parte de algunos responsables del partido –1.000 euros cada uno de ellos- y lo blanquearon mediante transferencias bancarias en la cuenta de la propia formación para sufragar la campaña de las elecciones locales de 2015.
'Pitufeo’
El juez discurre que recibieron dinero negro por parte de algunos responsables del PP, al menos mil euros cada uno y lo blanquearon mediante transferencias bancarias en la cuenta de la propia formación para sufragar la campaña ç, en una maniobra ilícita conocida como 'pitufeo’.
Procesa al Partido Popular como persona jurídica
El magistrado también acuerda procesar al Partido Popular como persona jurídica. La investigación “revela de un modo diáfano que entre 2006 y 2009, el PP de la ciudad de Valencia ingresó y destino a las campañas electorales una cantidad de dinero y de recursos muy superior a la establecida legalmente y muy especialmente en la campaña del 2007”.
El auto
El auto al que ha tenido acceso Diario16, especifica que “esa actividad estaba articulada exclusivamente en el ámbito local de la formación y que se confundía plenamente con la labor política y económica de los populares en el consistori0. Además era opaca, aparentemente a la estructura nacional del partido y fue llevada a cabo por pocas personas en el círculo más estrecho de confianza de la entonces alcaldesa”.
El contable
En El magistrado describe al exvicealcalde de Valencia y número dos de Rita Barberá, Alfonso Grau -en prisión provisional por el 'caso Azud'-, “como el recaudador de recursos económicos sustraídos a la regularidad y transparencia contable, mientras la entonces secretaria del grupo municipal Mari Carmen García-Fuster, era la encargada de administrar ese dinero”.
El juez ve indicios de “malversación de caudales públicos y cohecho impropio en la actuación de Grau durante la campaña municipal de 2007”, mientras en el caso de 2011, “la conducta del exvicealcalde presenta indicios de cohecho pasivo impropio y de blanqueo de capitales, delito del que también sería responsable García-Fuster”.
En 2015, esas sospechas “se amplían a medio centenar de personas relacionadas con el PP e incluso al propio partido”.
El sobreseimiento
El instructor ha decretado el sobreseimiento libre de las actuaciones contra dos antiguos ediles, María José Alcón y Emilio del Toro, al haber fallecido durante la instrucción, y el sobreseimiento provisional y parcial de las mismas en relación a otros cinco investigados. Además, sobresee la causa por malversación a la exconcejal popular Beatriz Simón.
El aforado
También ha determinado la reapertura de la investigación seguida por estos hechos contra otro investigado que era diputado autonómico Miguel Domínguez y, por tanto, aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El juez da veinte días a la Fiscalía y a las acusaciones populares personadas en esta pieza del ‘caso Taula’ para que soliciten el sobreseimiento de las diligencias o la apertura de juicio oral.
Reacción del PP
El Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha expresado el respeto a la presunción de inocencia y al auto judicial del Juzgado 10 de Valencia que procesa a 49 concejales y asesores del Ayuntamiento de Valencia en la etapa de Rita Barberá, por blanqueo de capitales en las elecciones municipales de 2015, y al PP de la ciudad como persona jurídica.
El Partido Popular respeta la presunción de inocencia, un derecho fundamental reconocido en la Constitución ha señalado en un breve comunicado tras conocer el auto del juez del caso Taula.