La ansiada efectividad de la imposición del pasaporte de vacunación Covid en España para poder entrar en recintos cerrados comienza a desmoronarse como un castillo de naipes apenas un mes después de su puesta en marcha. Su implantación a finales del pasado año no está siendo efectiva, ni mucho menos, en su objetivo principal de frenar la espectacular sexta ola de contagios con la variante Ómicron, ni tampoco está obligando masivamente a la vacunación de los más rezagados o simplemente negacionistas y activistas antivacunas. La comunidad autónoma de Cantabria ha sido la primera que ha dado marcha atrás en su aplicación y ha decidido ya retirar su obligatoriedad. En otras comunidades, como la andaluza, el permiso legal para su aplicación caduca en breve con exiguos resultados.
Aunque la amplia mayoría de comunidades autónomas y Ceuta y Melilla aplican esta medida de exigir el certificado Covid para entrar en locales de ocio nocturno así como en bares y restaurantes, la contundencia de los datos de contagio de esta sexta ola está dejando en evidencia la efectividad de una medida que parecía a priori la panacea para contener los contagios masivos y, de camino, empujar a la vacunación a aquellos que se han resistido hasta el último momento por uno u otro motivo más allá del simple negacionismo a las vacunas.
Cantabria pone fin a su aplicación en restaurantes y locales de ocio a los 40 días de su implantación
En la actualidad, las comunidades de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha son las únicas que no han aprobado su aplicación en espacios cerrados. Sus datos de contagiados son tan espectacularmente desproporcionados como en otros territorios donde sí se está pidiendo este certificado para entrar a tomar una copa o comer en un restaurante. Por tanto, se está evidenciando que este salvoconducto no está evitando o frenando la expansión del virus entre la población en general ni tampoco en la vacunada con las dosis completas.
Inútil y rigurosa aplicación en Europa
Todo ello se puede extrapolar a nivel europeo incluso, ya que la virulencia con que la sexta ola está atacando al continente no se corresponde con la rigurosa aplicación que muchos países han puesto en marcha en la implantación del certificado Covid.
Algunos expertos ya habían avanzado que el éxito de esta medida coercitiva en la población para instarla a vacunarse tendría los días contados a poco de iniciar su andadura, ya que la falta de conciencia social hace que la población en general opte simplemente por saltarse los protocolos al respecto ante la obligatoriedad del certificado para determinadas actividades.
La primera comunidad que ha optado directamente por no prorrogar su vigencia con aval judicial ha sido Cantabria, que a los 40 día de su implantación en locales de hostelería y ocio considera que esta iniciativa no sirve para frenar los contagios. En estos 40 primeros días de aplicación del certificado Covid, la Consejería de Salud apenas ha logrado vacunar por primera vez a unos 5.700 ciudadanos rezagados que no se habían vacunado hasta ahora, una cifra que contrasta con los elevadísimos índices de contagios de la variante Ómicron.
Probablemente, otras comunidades autónomas se sumen en breve a poner fin a la exigencia de reclamar el certificado Covid una vez termine el plazo legal avalado por los tribunales de justicia respectivos de cada territorio.