La personación de Vox como acusación particular en el juicio contra los líderes soberanistas catalanes que impulsaron el procésfue un inmenso error jurídico y político. Con la participación de los abogados de la formación ultraderechista en ese juicio se consumó el gigantesco dislate de la politización de la justicia y de la judicialización de la política. Los letrados de la formación verde ejercieron la labor de inquisidores en la suprema tarea de garantizar la unidad de la patria, de manera que se convirtieron en juez y parte. Algunos testigos que desfilaron en aquella vista oral para responder a las preguntas de las partes se negaron a debatir con los representantes voxistas. De alguna manera, estas personas estaban en su derecho de no dialogar con un grupo político abiertamente franquista, machista y xenófobo.
Sin embargo, aquella posición casi heroica de los interrogados, que no eran sino activistas por la democracia, podría acarrearles ahora un serio problema con la justicia. El Tribunal Supremo ha notificado la apertura de juicio oral por un delito de desobediencia grave contra la diputada de la CUP en el Parlament Eulàlia Reguant por negarse a responder en calidad de testigo a las preguntas de Vox, según informa Europa Press.
Así lo ha explicado Reguant en rueda de prensa en la Cámara, acompañada de los diputados de la CUP, después de que la titular del Juzgado de Instrucción Número 10 de Madrid, María Antonia de Torres, elevara hace un mes una exposición razonada al Supremo para que evaluara si la diputada cometió un delito de desobediencia a la autoridad durante el juicio
La decisión tiene lugar después de que en febrero de 2019 el tribunal del Supremo que juzgaba la causa del procés acordara una sanción de 2.500 euros para Reguant, entonces concejala de la CUP, por negarse a responder a las preguntas realizadas por el abogado de la acusación popular ejercida por Vox, algo que es de obligado cumplimiento para los testigos, quienes deben responder con la verdad a todo lo que se les pregunte.
Un año después, en febrero de 2020, Reguant compareció ante la titular del juzgado madrileño, luego se elevó la cuestión al Supremo para que analizara si la actual diputada del Parlament cometió o no el citado delito, y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es el responsable de notificarle –al ser aforada– que se le abre juicio oral en el Supremo.
El diputado Xavier Pellicer ha explicado que ahora darán traslado de todo ello a la defensa de Reguant, con la voluntad de que presente un escrito que pida su libre absolución y un escrito de nulidad contra el procedimiento "porque ni el juzgado de instrucción ni la Fiscalía provincial eran competentes para tirar adelante todo ello porque es aforada".
"Pediremos que el Supremo vuelva a iniciar la instrucción de la causa", ha destacado Pellicer, tras recordar que el Supremo también abrió un proceso contra el exdiputado de la CUP, Antonio Baños, por la misma razón, aunque su causa se ha quedado en el juzgado de instrucción de Madrid, por lo que irá por la justicia ordinaria.
Para Reguant, su caso es "un elemento más de la voluntad del Estado, a través de procesos judiciales, de anular la voluntad política del movimiento independentista", y ha vaticinado que habrá otros.
"Hay que usar esta represión como un boomerang contra el Estado", ha reclamado la diputada de la CUP, que se ha reafirmado en su actuación.
"La presencia de los que niegan derechos fundamentales en el marco del juicio era una declaración de intenciones por parte del poder judicial. Mostraba que era imposible obtener justicia en este tribunal, como vimos en la sentencia", ha sostenido.
Para Reguant, Vox es "neocon, neofranquista y representa la defensa de valores morales reaccionarios", por lo que considera que no se puede entender su participación en diferentes espacios del Estado.