Los próximos meses se van a vivir momentos de gran cambio jurídico y social por las normas que entrarán en vigor en lo referente a la lucha contra la corrupción. La principal es que se va a constituir una agencia nacional, con un poder tremendo: la Agencia Nacional de Protección de los Intereses de la Unión. Consumidores, función y contratos públicos, y hasta la policía o la judicatura estarán bajo su lupa investigadora y sancionadora.
Los ciudadanos, apenas saben que eso va a ser así, y continúan creyendo en lo que muchos analistas han dado en llamar el espejismo del Estado soberano.
Lógicamente, eso es motivo de codicia y, según fuentes consultadas por Diario16, se está creando un lobby para estar al frente y controlar esa Agencia y que podría estar formado por:
- Baltasar Garzón, el exjuez estrella estrellado, compañero sentimental de la actual Fiscal General del Estado
- Una alertadora de la Trama Gürtel, hecho por el que sufrió graves y duras represalias.
- Unas Agencias antifraude que no ha llevado a ningún político a la cárcel, y que, en algunos casos, como la catalana, son un modelo de corrupción institucional
Baltasar Garzón ha querido presentarse ante la sociedad española como una víctima y un luchador contra la corrupción. Sin embargo, sus hechos demuestran que no es oro todo lo que reluce. Por un lado, tras su expulsión de la carrera judicial, el exjuez estrella ha defendido o asesorado a grandes corruptos en todo el mundo, sobre todo en los países latinoamericanos.
Tal y como publicamos en Diario16, Garzón es el asesor jurídico del expresidente Leonel Fernández, quien cuyos gobiernos han estado implicados en más de 20 escándalos de corrupción. Por ejemplo, el equipo del expresidente dominicano es el que más contratos firmó con la constructora brasileña Odebrecht, investigada por sobornos y mordidas a funcionarios de 12 países a cambio de contrataciones públicas. Además, Garzón participó en eventos de la fundación de Leonel Fernández, Funglode, organismo que fue utilizado para la financiación y el enriquecimiento del propio expresidente dominicano, tal y como demostró Diario16 a través de la publicación de la documentación que lo acreditaba.
En referencia a la corrupción de Venezuela y, principalmente, de PDVSA, Baltasar Garzón ha asesorado a varios jerarcas acusados de corrupción internacional y de la comisión de delitos contra los derechos humanos. Diario16 publicó en exclusiva en el año 2018, tras consultar fuentes de probada solvencia, que el entorno del expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, se puso en contacto con Garzón para que intentara llegar a un acuerdo con la Justicia española.
Por otro lado, y según publicó El Español, Garzón cobró en el año 2013 176.400 dólares por asesorar jurídicamente al primo de Rafael Ramírez, Diego Salazar, y a Nervis Villalobos, ambos acusados y reclamados por la Justicia internacional por la corrupción de Venezuela. Además, la propia PDVSA ha estado representada en España por el bufete de Baltasar Garzón.
Garzón tampoco se mantuvo al margen de la corrupción en la petrolera mexicana Pemex y defendió los intereses legales de Emilio Lozoya, ex presidente de la compañía, que fue detenido y encarcelado en España. En la investigación de este caso aparecen, además, Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir y «compiyogi» de la reina Letizia y el Banco Santander.
La Secretaría de la Hacienda de México indicó que existen vínculos de Lozoya con el Grupo OHL que se sustancian en la empresa Infoglobal, propiedad de López Madrid. «Han localizado una transferencia de 1,1 millones de dólares realizada en 2011 desde una cuenta en Suiza ligada a Lozoya a favor de Infoglobal, una empresa del yerno del máximo accionista de OHL», señaló la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, dinero que, según las investigaciones, se hizo a través de las mismas cuentas que el PRI habría utilizado para canalizar las cantidades recibidas de Odebrecht. Según la misma Secretaría fue el Santander quien depositó 18 millones de euros procedentes de cuentas mexicanas asociadas a Lozoya a favor de López Madrid.
Por otro lado, la relación de Garzón con el Santander es notoria y no se puede olvidar jamás su artículo titulado «Querido Emilio». El exjuez archivó una querella en la que se acusaba a Emilio Botín o otros 21 consejeros y exejecutivos del banco de apropiación indebida de 4.507 millones de euros pertenecientes a Banesto. Garzón entendió que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito. Este archivo se produjo después de que el exjuez recibiera financiación del Santander para sus cursos en Estados Unidos.
Otro de los puntos en los que se sustancia esta relación de Garzón con el Santander lo encontramos en su relación con el abogado jienense Manuel Medina, quien actuó como mediador y trabajó durante años como asesor del banco cántabro. En la presentación del libro Se vende banco por un euro (un volumen pro-Santander) acudió Baltasar Garzón junto con Dolores Delgado, el juez Fernando Andreu (quien archivó la causa del fraude fiscal de la familia Botín), Ángel Corcóstegui (exvicepresidente de Santander Central Hispano), Florentino Pérez o Juan Manuel Cendoya (director general de comunicación del Santander). Por otra parte, Medina le dedicó a Garzón un capítulo entero (como a Delgado, Corcóstegui, Andreu y otros) de su libro El éxito de la humildad.
Transparencia Internacional
Fuentes consultadas por Diario16 afirman que quien realmente podría estar detrás de este lobby que se pretende crear para controlar y «privatizar» la lucha contra la corrupción es Transparencia Internacional que, aunque quiere dar la imagen de ser una ONG, no lo es. La organización ha desmentido a este medio que "haya participado o tenga previsto participar en ninguna iniciativa con personas particulares, organizaciones o instituciones de cualquier naturaleza con el propósito de "privatizar" la lucha contra la corrupción".
Para entender esto no hay más que consultar la historia de esta supuesta ONG. Transparency International es un organismo dependiente de la National Endowment for Democracy (NED), la principal agencia de intervención legal de los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña. Por lo tanto, no resulta nada sorprendente que sus principales dirigentes estén íntimamente ligados a la CIA estadounidense y al MI6 británico.
Fue creada por Peter Eigen, jurista alemán que trabajó 25 años en el Banco Mundial antes de convertirse en consultor de la Fundación Ford y la Carnegie Endowment for International Peace, pantallas filantrópicas de la CIA. Sin embargo, lo más importante es que se convirtió en uno de los administradores de Crown Agents (literalmente, los Agentes de la Corona), un antiguo servicio de la Corona británica, privatizado en 1997, que se encarga de prestar asistencia en cuestiones de privatización a los gobiernos extranjeros.
Fue así que Peter Eigen desempeñó un papel esencial en el proceso de privatización de la economía iraquí bajo la ocupación anglosajona, mientras que Crown Agents hacía el papel de subcontratista de la USAID.
Eigen está casado con Gesine Schwan, catedrática alemana especializada en la denuncia del antiamericanismo y candidata derrotada del Partido Socialdemócrata (SPD) a la presidencia de la República Federal de Alemania. Este partido, durante la etapa de Willy Brandt, recibió cientos de millones de dólares de la CIA a través de la Fundación Friedrich Ebert
La sucesora de Eiguen en la Presidencia de Transparencia Internacional fue la ciudadana canadiense Huguerre Labelle, quien presidió anteriormente la Agencia canadiense Para el Desarrollo Internacional, o sea la homóloga canadiense de la USAID. Peter Eigen creó un Consejo Consultivo que sirve de aval a Transparency International y del que forman parte, además de sus amigos de Crown Agents y de la fundación Carnegie, el ex presidente de Alemania, Richard von Weizsäcker; el ex presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y el director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC) Pascal Lamy, entre otros.
Transparency International tiene filiales en un centenar de países, pero la más importante es, por supuesto, la de Estados Unidos, fundada por personajes cuyo perfil es más que elocuente: Frank Vogt, otro ex funcionario del Banco Mundial y adalid de la globalización.
El presidente de la rama francesa de Transparency International es Daniel Lebeque, ex vicepresidente del BNP (Banco Nacional de París). En el consejo de administración encontramos al exsecretario general de la OCDE, Jean-Claude Paye, y en el alto consejo aparece el ex presidente del FMI (Fondo Monetario Internacional), Jacques de Larosiere, así como Pierre Rosanvallon, exsecretario general de la Fundación Saint-Simon.
Transparency International es extremadamente discreta en lo tocante a su propia financiación, que es más que generosa. Esto es normal puesto que proviene de la National Endowment for Democracy (NED) y de la USAID, de la Fundación Soros y de la Fundación Ford, además de una serie de multinacionales del sector de los hidrocarburos como BP-Amoco, Exxon, Rio Tinto, o Shell.
En el Consejo de Dirección del Comité Ejecutivo de Transparencia Internacional España nos encontramos al liberal (en lo político y en lo económico) Antonio Garrigues Walker, presidente del despacho de abogados Garrigues, asesor de grandes multinacionales y de los gobiernos español y norteamericano en materia económica, comercial y de negocios, miembro del Comité Ejecutivo de la Trilateral y patrono vitalicio de la Fundación Ortega y Gasset que, casualmente, preside el Rey.
Garrigues, por ejemplo, propuso «aislar» a la Casa Real de la Ley de Transparencia por la que tanto ha abogado su «ONG» para evitar un daño que él mismo no ha especificado.
¿Van a ser Baltasar Garzón y Transparencia Internacional quienes van a decidir quiénes son o no son corruptos? La realidad es que si este hecho se produjera, nos encontraríamos con que se estaría privatizando la lucha contra la corrupción dejándola en manos de las multinacionales y de los intereses personales de unos pocos. Es decir, que lo que puede ser un paso adelante, se convertirá en el mayor retroceso y la anulación de los avances logrados con tanto dolor y sufrimiento por parte de quienes decidieron ser éticos, dignos, justos y coherentes para denunciar la corrupción.
Reunión con la Fiscalía General del Estado
Un grupo de denunciantes de corrupción que han sufrido las represalias por parte de los organismos del Estado escribió una carta a la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, en la que reclamaban la creación de una instrucción en la que se señalara a los fiscales la aplicación de la Directiva de Protección a los Denunciantes de Corrupción que, hay que recordar, está en vigor en todos los países de la Unión Europea desde el 17 de diciembre de 2019.
El próximo 19 de noviembre se celebrará una reunión con Delgado en la que los denunciantes han puesto muchas esperanzas.
Desmentido de Ana Garrido
Ana Garrido, alertadora de la corrupción de la Trama Gürtel, ha desmentido a Diario16 que ella tenga relación alguna con la creación de este lobby.
Además, ha reivindicado su papel como denunciante al manifestar que fue ella quien entregó los informes y toda la documentación sobre una de la piezas separadas de la trama, que aún no se ha juzgado, a un tercero que fue quien interpuso finalmente la denuncia.