Regalos de El Corte Inglés, taxis en Uber, clases de piano y hasta una yegua. La black de Zarzuela era un pozo sin fondo y los nietísimos Froilán y Victoria Federica estaban encantandos con las “chuches” del patriarca, a quien el pueblo, siempre tan ingenioso e hiriente, ya ha bautizado en las redes sociales como el “Visa-buelo”. Nunca un mote estuvo tan bien puesto. La investigación fiscal avanza y cualquier cosa puede salir ya del patrimonio oculto del rey emérito, hasta la piedra lunar del Apolo 11 que los yanquis regalaron a Franco y que ahora no aparece en el inventario del Pazo de Meirás. Pero al margen de que Anticorrupción llegue más o menos lejos en este caso (en algún momento alguien ordenará parar las pesquisas para que no revienten las costuras del Estado), cabe plantearse cómo puede ser que haya tanta gente en la Familia Real –hijos, nietos, sobrinos, primos, cuñados y otros− que estén viviendo de gañote, de gratis, by the face, del dinero de una institución pública como es la máxima jefatura del país. No parece que los controles en Zarzuela y las promesas de transparencia hayan funcionado, ya que de lo contrario el dinero negro no hubiese fluido por palacio con la misma facilidad con que lo hacía por los despachos de Génova 13 en los buenos tiempos de la Gürtel.
Está bien que un abuelo haga un regalo a su nieto de cuando en cuando, e incluso que le deje caer en el bolsillo un aguinaldo o billete grande (ahora que estamos en entrañables fechas navideñas). De lo contrario sería un fraude de abuelo imperdonable para cualquier nieto. Pero cuando empiezan a aparecer las yeguadas, las Visas opacas y las cantidades importantes en negro, alguien tiene que decir basta ya y poner la lupa en las alegrías y estipendios de esa Casa Regia que, no lo olvidemos, vive de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, de los impuestos que pagamos todos los españoles.
Izquierda Unida, que acaba de depositar la fianza de 12.000 euros impuesta por el Tribunal Supremo para ejercer la acusación popular en el caso, cree que hay indicios de hasta 13 delitos en la conducta de Juan Carlos I, aunque la Fiscalía lleva dos años dando largas al asunto sin meterle mano, bien porque hay respeto o miedo reverencial a la figura del patriarca de la Transición o porque la inviolabilidad diluye cualquier posibilidad de apertura de un proceso judicial. El escándalo se va a aparcando un año tras otro, el listado de sospechas aumenta y cada mañana Zarzuela se levanta con un nuevo sobresalto. A este paso no va a haber declaración complementaria o regularización que pueda tapar semejante agujero. ¿A santo de qué daba un empresario mexicano al emérito cientos de miles de euros sin justificar? ¿Eran donaciones, regalos, contraprestaciones por trabajos realizados por el anciano monarca? Los españoles tienen derecho a saber qué se cocinaba en la Corte, ya que si hubo una transacción mercantil o negocio por medio el asunto sería todavía más grave, ya que estaríamos hablando de algún tipo de cohecho o enriquecimiento ilegal. A fecha de hoy sabemos que cuando menos se ha cometido lo que los expertos en Derecho Financiero conocen como “un ilícito tributario”, es decir, que el monarca abdicado no cumplió con sus obligaciones con Hacienda. La intención de regularizarse, de ponerse al día con los inspectores mediante una declaración complementaria, es de por sí toda una confesión de culpabilidad y una asunción de responsabilidad en toda regla del emérito. Ahora bien, de esa famosa tarjeta black que parecía una fuente inagotable se han beneficiado supuestamente varias personas, no solo él. Lo cual nos lleva a que la obligación de declarar no se ciñe solo al exmonarca, sino también a sus hijas y a sus nietos, tal como han asegurado en las últimas horas prestigiosos expertos fiscales
En principio no estamos hablando de un delito, pero esa irregularidad debe ser subsanada, porque de otra manera la Administración tendrá que intervenir, liquidar y sancionar al contribuyente que no haya declarado los ingresos en B.
Todo ciudadano debe estar al día con la Agencia Tributaria porque nadie está por encima de la ley. Eso es algo que en un Estado de Derecho no necesitaría más explicación. Sin embargo, ayer mismo el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, atribuyó el caso de las tarjetas black de Zarzuela a una “campaña de desprestigio” supuestamente orquestada por el Gobierno de coalición, mayormente por Pablo Iglesias, que pretendería “erosionar las instituciones del Estado” porque ve el horizonte de la Tercera República cada vez más cerca. “Nosotros vamos a defender el legado del rey emérito; lo vamos a defender alto y claro”, alega Montesinos. Por su parte, Espinosa de los Monteros, en nombre de Vox, mantiene que el artífice de la democracia en España no está encausado “en nada”, de modo que hay una “campaña promovida por el Gobierno y sus periodistas afines para intentar desprestigiar a la Corona, no al rey Juan Carlos”. Una vez más, las derechas tratan de construir un relato alternativo, un universo paralelo cuando cualquiera con dos dedos de frente puede ver con sus propios ojos que el único que está trabajando para instaurar la Tercera República en España es el propio rey Juan Carlos con sus desvaríos y ocultaciones fiscales. ¿Cómo puede mantener el Trío de Colón el disparate de que todo este inmenso embrollo que amenaza a una institución como la Jefatura del Estado es producto de una conspiración del Gobierno cuando hasta la Fiscalía suiza, de la mano del fiscal Yves Bertossa, está tirando de la manta y de los negocios secretos de Don Juan Carlos? ¿Acaso Bertossa es también un agente secreto del chavismo internacional? Las teorías de Pablo Casado son cada día más delirantes.