Ignacio, de 57 años, perdió la vida el pasado fin de semana cuando el vehículo autobomba en el que viajaba volcó durante las labores de extinción de un incendio en Espinosa de Compludo (León). Se trata de la cuarta víctima mortal de la campaña de incendios de este verano, marcada por una situación crítica en el noroeste peninsular.
Tras el fallecimiento, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha señalado directamente a la Junta de Castilla y León como responsable de la precariedad que sufre el colectivo de bomberos forestales. El sindicato ha convocado a la ciudadanía a una concentración el miércoles 20 de agosto frente a la Delegación Territorial de la Junta en Soria, con el objetivo de exigir que la muerte de su compañero “no quede impune” y reclamar un cambio profundo en las condiciones laborales del sector.
Un servicio esencial “abandonado”
En un comunicado, CGT denunció que la Junta mantiene en el abandono a un servicio esencial para la protección de vidas humanas y de los ecosistemas naturales. Según la organización, Ignacio fue activado fuera de su horario habitual de trabajo, sin compensación ni reconocimiento profesional, como parte del protocolo de emergencia en situaciones extremas.
El sindicato recuerda que la Junta se había comprometido a abonar un complemento por “disponibilidad”, pero este aún no se aplica. La razón, sostienen, es que la administración autonómica sigue sin reconocer oficialmente a estos trabajadores como “Bomberos Forestales”, pese a que el Estatuto Básico del Bombero Forestal, aprobado a nivel estatal, obliga a hacerlo antes de noviembre de este año.
Promesas incumplidas
CGT acusa al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, de incumplir las promesas realizadas tras los graves incendios de 2022, cuando aseguró que el personal fijo-discontinuo pasaría a tener empleo estable todo el año. “La realidad es que hoy muchos siguen contratados solo tres, cuatro o seis meses al año”, lamenta la organización.
La falta de estabilidad y la temporalidad impiden, según el sindicato, una formación continuada y un entrenamiento adecuado para un trabajo de alto riesgo. A ello se suma la externalización del servicio, que deja en manos de empresas privadas cuadrillas con condiciones laborales precarias y bajos salarios.
Condiciones extremas y riesgo constante
CGT denuncia que los profesionales afrontan jornadas extenuantes, descansos insuficientes y una alarmante falta de recursos, lo que aumenta la vulnerabilidad frente a accidentes como el ocurrido en León. “Se improvisa, se fuerza la voluntariedad y se expone a trabajadores sin la protección que merecen”, denuncian.
Por ello, reclaman la aplicación inmediata del Estatuto del Bombero Forestal, la revisión completa del modelo operativo y la implantación de un servicio activo durante los 12 meses del año.
Un clamor que crece
La muerte de Ignacio no solo ha reavivado el dolor entre sus compañeros, sino que ha abierto un nuevo frente en la crisis de gestión de los incendios forestales en España, que este verano han arrasado cientos de miles de hectáreas y obligado a la evacuación de miles de personas.
En el comunicado, se subraya que el homenaje al bombero fallecido debe traducirse en cambios concretos: “No podemos permitir que su muerte se convierta en una más en la larga lista de víctimas de la precariedad laboral”.