La Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) ha denunciado ante las autoridades europeas, con el apoyo del BEUC, al Reino de España por el retraso en la transposición de la Directiva de acciones de representación colectiva (Directiva 2020/ 1828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2020, por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE). Debía haberse transpuesto hace 24 meses, concretamente en diciembre de 2022, pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha permitido que se paralice su tramitación en el Congreso, lo que implica un incremento en el retraso que hace imprevisible la fecha definitiva de su transposición.
La Comisión Europea tiene como mandato garantizar un cumplimiento homogéneo del derecho de la UE en todo el territorio de la Unión y la falta de transposición en plazo quebranta el ordenamiento jurídico europeo. El objeto de la denuncia es, precisamente, que exija al Estado español su transposición inmediata.
El Gobierno de Sánchez no sólo está demorando en plazo la aprobación de la nueva ley (sólo quedan cuatro países en Europa, junto con España, que no lo han hecho) sino que ha decidido retirar el texto de la tramitación parlamentaria por acuerdo con otros partidos políticos, lo que supone que, en la práctica, sea materialmente imposible que se tramite y apruebe la transposición de la Directiva en 2024 y que, salvo que se tomen medidas de urgencia, podría demorarse un año más.
ASUFIN considera imprescindible la aprobación de un marco legal con marchamo europeo para presentar acciones colectivas. En España, la regulación actual de las acciones colectivas es deficitaria y ha dado lugar a la mayor diversidad de pronunciamientos judiciales. La denuncia pone el ejemplo de la famosa demanda colectiva de las cláusulas suelo: «El propio Tribunal Supremo se ha visto incluso en la tesitura de consultar al Tribunal de Justicia de la UE, sobre su propia interpretación de este medio de litigación con efectos sobre determinados consumidores afectados por cláusulas abusivas».
Las organizaciones de defensa de los consumidores se han visto obligadas a presentar de forma paralela demandas individuales para que los consumidores vieran concluidos sus procedimientos y su dinero devuelto con la mayor celeridad y efectividad, y aun así muchos han esperado hasta 10 años para ello. No tiene sentido y supone un despilfarro de dinero y tiempo.
De este modo, la insoportable lentitud en la tramitación de acciones colectivas, su deficiente marco legislativo en especial y los propios pronunciamientos al respecto de nuestro Tribunal Supremo, han producido el efecto de disparar el número de litigios individuales sobre una misma cláusulaabusiva, lo que sin duda alguna supone un enorme perjuicio sobre el propio consumidor (litigios que se demoran más de 5 años en la primera instancia), pero también sobre la propia administración de Justicia y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Según Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, «lasacciones de representación, conocidas como class action o demandas colectivas, son un derecho consagrado ya en el ordenamiento jurídico europeo del que también tienen que ser partícipes los consumidores de nuestro país. Nuestro gobierno está jugando con los derechos de los consumidores españoles, condenándoles a ser europeos de segunda en el marco de defensa frente a los perjuicios que puedan sufrir en todo tipo de ámbitos, sanitario, digital, económico, entre otros muchos».