En la calle Jacobeo de Madrid y sus alrededores, un día empezaron a brotar bloques que merecieron premios de arquitectura. Los contrató el Ayuntamiento de Madrid para albergar viviendas de protección oficial. Era otra época: Aquellos tiempos en los que el matrimonio formado por
Manolo Mejías y
Mercedes Cano decidió solicitar un piso de protección oficial al municipio y empezar una nueva vida. Ellos, exactamente en 2006.En la zona no había ni ratas. “Un día, vi a un hombre por la calle y pensé que era un figurante que había puesto el Ayuntamiento”, recuerda
Arantxa Mejías, la hija mayor, “hasta tal punto era un desierto”.Esta es la historia de una familia que consiguió una vivienda de protección oficial en Madrid, vio después cómo
la alcaldesa Ana Botella la vendía a un fondo buitre, protagonizó la denuncia contra el atropello, y hoy,
7 de octubre de 2016, justo 10 años más tarde, viven su primer día en el aire después de que la empresa propietaria les castigue con la expulsión.Principal responsable: Arantxa Mejías Cano, la hija mayor, hoy, presidenta de la asociación de afectados por la venta de la vivienda pública de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid a fondos buitre.
- El “proyecto de vida”
Arantxa había cumplido los 17 cuando sus padres consiguieron una vivienda de protección oficial en el ensanche de Carabanchel. Se acuerda de que 2006 estaba a media asta porque la matrícula del instituto ya la cursó allí.Llegaban de ocupar una portería oscura en la zona de Pintor Rosales y el municipio les ofreció, a cambio de cerca de 600 euros al mes, la posibilidad de comprar el piso pasados los años. No era barato, pero tenía mucha luz.Mercedes, la madre, exclama: “¡De qué nos habríamos venido aquí a vivir, si no! Esto está lejísimo de todo y la zona era un desastre”. El piso era “un proyecto de vida”.
- El suicidio
Un día, cuando las viviendas del barrio aún pertenecían al Ayuntamiento, les llegó la noticia. Una vecina de la Avenida de Fátima se había suicidado tras recibir la orden de desahucio. Habitaba un piso de protección oficial. Se llamaba Amparo tenía, 45 años y seis hijos. Dos nietos a su cargo. Su deuda con el municipio ascendía a 900 euros.“Se paró todo ahí”, explica Arantxa. “Comprenderá que estaba muy feo que el propio Ayuntamiento desahuciara a aquellos vecinos a los que había concedido un piso protegido”, ironiza. “En teoría, al ser pisos de protección oficial, y no depender de los bancos, las facilidades deberían ser mayores”, continúa. “Se montó un buen jaleo, y fue entonces cuando se vendieron a un fondo buitre”.La nueva empresa propietaria sí podía desahuciarles.
- El buitre
Otro día, en octubre de 2013, Arantxa descubrió que habían colgado un cartel en la fachada lateral de su bloque. Se anunciaba una empresa llamada FIDERE. Comunicaba el alquiler de pisos. “Pensé que el Ayuntamiento cedía nuestra fachada para publicidad, qué ingenua”, recuerda. Enseguida se dio cuenta de que no era así, cuando la familia del piso de enfrente les contó que los desahuciaban.La alcaldesa Ana Botella había vendido sus pisos a un fondo buitre.“Empecé a buscar en internet qué era Fidere, hablé con las asociaciones de vecinos del barrio y con la PAH”. Arantxa cabecea.En el año 2013, el Ayuntamiento de Madrid encabezado por Ana Botella vendió 1.860 viviendas, 1.797 plazas de garaje, 1.569 trasteros y 89 locales a un fondo buitre. Pagaron por el paquete 128,5 millones de euros. Eran propiedad de la ciudadanía. Se llama protección oficial. Por el piso del matrimonio formado por Manolo Mejías y Mercedes Cano, los padres de Arantxa –75 metros cuadrados, tres dormitorios, dos baños, todo exterior–, el buitre pagó 65.000 euros. Aún deben de reírse.El abogado de la plataforma de afectados, José Mariano Benítez de Lugo, afirma: “Existen numerosas relaciones de esos fondos de inversión con la familia Aznar-Botella”. Y añade, en referencia a esta venta: “Las irregularidades son infinitas”.
- La movilización
–Empecé a movilizar a los vecinos con post-it.–¿Con post-it?–Sí, porque en estas fincas está prohibido colgar carteles o informaciones. Por eso los pegaba en los coches y en las puertas de las casas.Así, parabrisas a parabrisas, Arantxa puso en contacto a todos los vecinos que quisieron darse por enterados. Y nació la asociación de afectados por la venta de la vivienda pública de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, que ella preside. “Al principio, yo no quería, pero el abogado
Benítez de Lugo, el mismo de los papeles de Bárcenas, nos lo aconsejó”.Arantxa se puso a la cabeza de la denuncia. Se entrevistó con políticos y con Soledad Becerril, Defensora del Pueblo aun siendo marquesa de Salvatierra, empezó a aparecer en las televisiones y habló para las emisoras de radio.Hasta que hace 30 días…
- El castigo
Hasta que hace 30 días llegó a su casa un burofax. Lo enviaba Fidere.Decía lo siguiente, entre otros detalles:“...pongo en su conocimiento, dentro del plazo legalmente establecido de 30 días, nuestra voluntad de no prorrogar el citado contrato de arrendamiento, debiendo proceder el día 6 de octubre de 2016 a poner a nuestra disposición el citado inmueble, en el mismo estado en que se le hizo entrega…”Lo firma Miguel Oñate.Hoy, 7 de octubre de 2016, es pues el día siguiente. Arantxa, sus padres y su hermana han dormido bajo un techo que ya no les ampara. El techo de una vivienda que les concedió el Ayuntamiento de Madrid y que ayer les arrebató una empresa. Público, el Ayuntamiento. Privada, la empresa.“Otros muchos vecinos, a los que también les vencía el contrato por estos días, han visto cómo se les renovaba automáticamente”, explica la joven para denunciar que su caso es excepciona. “Es un castigo, por denunciar”.
- La paradoja
“Al principio pensé que era una torpeza por su parte”, comenta Mercedes, la madre, sobre la decisión de no renovarles el contrato por parte de Fidere. Sin embargo, los efectos del “castigo” que les ha propinado la empresa hoy propietaria no se vuelve contra sí misma, sino contra la lucha que Arantxa encabeza.El hecho de que la joven denuncie que, tras su pelea, echan a su familia de la casa sobre la que construyeron su “proyecto de vida”, se convierte inmediatamente en una amenaza. A los ojos de los vecinos, a partir de ahora, al que protesta, lo echan del piso. “Es el miedo”, musita Manolo, su padre.“Entiendo que algunos vecinos tengan miedo”, admite Arantxa. “El otro día, una pareja que acaba de tener un hijo me preguntaba: Y si no nos renuevan el contrato, ¿qué hacemos?”. Y en esa pregunta descansa el centro de la victoria de los fondos buitre, y de Botella al fin. En el miedo.El miedo es silencio.Ahora, el Grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha pedido al Juzgado de Instrucción Número 38 que reabra el caso de la venta de viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo Blackstone y se ha abierto
una cuenta en Change.org para pedir que no les quiten el piso. Se vendieron a la mitad de su valor y las irregularidades son innumerables. Mientras tanto, Arancha Mejías y su familia permanecen en la vivienda que ya no pueden habitar y se preguntan qué día estarán en la calle.https://www.youtube.com/watch?v=PWXuFlkhnC8&feature=youtu.be
