La Ley Trans está a punto de ir al Consejo de Ministros y así sacar adelante uno de los escollos que han marcado, junto a la Ley de Vivienda aún por resolver, las principales diferencias entre los bloques del PSOE y Unidas Podemos en el Consejo de Ministros. Así, Irene Montero, junto a los colectivos LGTBI, ganan el pulso al asunto que ha mantenido más dividido que nunca al movimiento feminista.
Moncloa acepta finalmente las posiciones del Ministerio de Igualdad con respecto a reconocer la libre autodeterminación de género y no se incluirá en el texto de la norma que se aporten testigos y pruebas para cambiar de sexo y nombre en el DNI.
Flecos por negociar de la Ley Trans
Habrá Ley Trans y es más que probable que llegue al Consejo de Ministros el último martes de junio. Quedan flecos por negociar, pero la norma responderá a las expectativas de la ministra Irene Montero.
El debate sobre la Ley Trans dividió al feminismo y abrió una ruptura en el Gobierno de coalición. Las semanas pasaban y Moncloa no daba el visto bueno a la propuesta de la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Con las aguas mucho más calmadas, una negociadora nata como Yolanda Díaz, como negociadora en el Consejo de Ministros por Unidas Podemos, este mes sale adelante una Ley Trans que ha dividido al feminismo como nunca en su historia.
De hecho, desde que se tiene constancia de que el pulso lo ha ganado Irene Montero, frente al planteamiento de la vicepresidenta Carmen Calvo, las redes arden con feministas socialistas que se oponen con fuerza a esta decisión de Pedro Sánchez.
Posturas enfrentadas entre el mundo feminista
Eran los tiempos de Pablo Iglesias como vicepresidente y las posturas enfrentadas saltaron a la redes sociales entre los partidarios del feminismo desde la perspectiva de Irene Montero o de la socialista y vicepresidenta primera, Carmen Calvo.
La futura y próxima norma permitirá finalmente a que las personas trans puedan cambiar de sexo legal sin aportar pruebas, informes médicos ni testigos y exigirá que reafirmen su solicitud a los tres meses.
Las feministas socialistas consideraron en esta polémica generada por la Ley Trans que permitir el cambio del sexo legal sin obligar a las personas trans a acreditarlo de alguna manera carecía de "seguridad jurídica" y llegaron a proponer que se hiciera mediante "documentación" o testigos del entorno.
La postura de Carmen Calvo en el Ejecutivo ha defendido desde el principio que las leyes LGTBI y Trans se fusionaran en una, como finalmente ocurrirá, una pretensión a la que se abrió Irene Montero siempre que el texto incluyera la autodeterminación de género.