Juana Rivas denuncia a su expareja en Italia

Juana Rivas ha presentado una denuncia contra su expareja y padre de sus hijos, Francesco Arcuri, por malos tratos físicos y psicológicos hacía los niños, y ha solicitado que se adopten medidas cautelares urgentes, según ha informado su abogada María Eugenia Álvarez.Desde el entorno de Juana, se afirma que la situación “es más que preocupante”. Y recalcan que la madre granadina ha presentado ya “cinco denuncias por presuntos malos tratos físicos y psicológicos a sus hijos, sin que hasta el momento haya respuesta alguna de la justicia italiana”.Juana tiene intención de regresar lo antes posible de Italia, pero hasta que no se resuelva la resolución por la custodia de sus hijos, no podrá volver s España por el coste tan elevado que supone los viajes.Los abogados de Juana Rivas han iniciado el proceso para reclamar la competencia del Estado español para resolver sobre el supuesto caso de violencia de machista que ella denunció en 2016, que “ningún juzgado español ni italiano ha entrado a investigar hasta el momento”.Desde  Fórum de Política Feminista, Themis y cientos de organizaciones feministas más han denunciado ante la ONU la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada, que condenó a Juana Rivas a cinco años de prisión y a la privación del ejercicio de la patria potestad durante seis años sobre sus hijos, de 4 y 12 años.Las quejas, que van dirigidas al Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y la Delegación del Gobierno contra la violencia de Género, resaltan los fallos del proceso y exigen que se abra una investigación para que se depuren responsabilidades.Juana Rivas fue condenada a dos años y medio por la sustracción de cada uno de sus dos hijos menores, seis años de inhabilitación para la ejercer la patria potestad sobre ellos, una indemnización de 30.000 euros por el daño moral y material hacia Francesco Arcuri, su expareja, y el pago de todas las costas del juicio.El juez que la condenó a cinco años de prisión y seis de retirada de la patria potestad negó cualquier credibilidad a su condición de maltratada, lo que fue duramente contestado por gran parte de la sociedad española.