Esta mañana tendrá lugar una nueva sesión en el juicio de la caja B del PP, y la principal noticia es que la Fiscalía ha decidido mantener la petición de cinco años de cárcel para el extesorero Luis Bárcenas y sólo reduce la condena a los arquitectos que cobraron en B la reforma de la sede 'popular'. Entre varios hechos, se acusa a los implicados de sacar unos 1,5 millones de euros de la contabilidad paralela para pagar en negro las reformas de la sede del Partido Popular, en la calle Génova.
En la sesión de ayer miércoles, Gonzalo Boye, abogado del Observatori Desc, ha llegado a planear la posibilidad de aplicar al extesorero un atenuante de arrepentimiento tardío: “Ha asumido los hechos, ha aclarado aquellos puntos donde había dudas y ha manifestado una voluntad de cooperación”.
Ayer, el fiscal Antonio Romeral -recién elegido como número dos de Anticorrupción- comunicó al tribunal las peticiones de condena definitivas, una vez que ya se ha practicado toda la prueba prevista. A Bárcenas sigue acusándole de tres delitos: apropiación indebida (tres años), fraude fiscal (un año) y falsedad documental (un año).
La fiscalía reduce la pena por el fraude fiscal de Unifica, la sociedad que llevó a cabo las obras de reforma de la sede del PP y que han sido el objeto central del juicio. El despacho de arquitectos ha ingresado en Hacienda lo que se le reclama, lo que obliga a aplicar la atenuante de reparación del daño y se quedan en dos años y medio.
En su escrito de conclusiones, la Fiscalía atribuye a Bárcenas esa misma atenuante. Sin embargo, no se traduce finalmente en ninguna rebaja real y mantiene los cinco años de prisión: tres por la apropiación indebida de fondos del PP (para comprar acciones de Libertad Digital) y dos por el fraude fiscal con falsedad documental en la reforma de la sede.
Respecto al Partido Popular (PP), la Fiscalía le mantiene como responsable civil subsidiario del delito fiscal que su tesorero cometió junto con el despacho de arquitectos. Sólo reduce la cifra que se podría reclamar, que pasa de 194.000 euros a 151.000. En todo caso, la sociedad ha pagado y en la práctica no se le reclamará nada al PP en caso de que resulte condenado.