La inviolabilidad del rey: un privilegio medieval

Tras décadas de veto y silencio, y por qué no decirlo, de cierto culto a la personalidad para no dañar a la monarquía y perjudicar la supuesta estabilidad de España, tras la abdicación de Juan Carlos I la prensa parece haber perdido el miedo a investigar el origen de esa supuesta fortuna de la que todo el mundo habla. Así se han conocido sospechosas relaciones “de amistad” entre la Casa Real española y las corruptas monarquías árabes, sobre todo las de Arabia Saudí, Kuwait o Emiratos Árabes Unidos. Precisamente, tras las grabaciones del comisario Villarejo con la princesa Corinna, siempre quedará la duda de si el rey emérito, además de ser el más alto representante de España en el extranjero, era también un avezado comisionista. En los audios, la aristócrata alemana, que se ha presentado como testaferro del monarca, llega a decir que “Juan Carlos I pidió una comisión por el AVE a La Meca y recibió dinero saudí”. En otro momento de la grabación, Corinna le pregunta al emérito: “¿Estás completamente loco? ¿Vas a coger dinero de los iraníes? A ti te paga el Gobierno por representar a la industria española”. Y finalmente, en 2012, y tras ver una gran cantidad de dinero en el banco, la amiga entrañable del rey le pregunta que de dónde viene todo ese caudal. La respuesta de Juan Carlos es rotunda: “De Arabia Saudí”. Buena parte de ese dinero habría ido a parar, supuestamente, a cuentas en Suiza.Todo ello –la supuesta fortuna del rey, los rumores sobre el cobro de comisiones, las mediaciones y negocios en el extranjero–, podría haber sido aclarado, como en cualquier país gobernado por una democracia moderna y avanzada, de no haberse cerrado prematuramente la investigación judicial sobre los audios de Villarejo y de no haberse bloqueado la comisión parlamentaria propuesta por Unidos Podemos, ERCV y el Grupo Mixto para indagar en el patrimonio real. Una vez más se invocó la sacrosanta inviolabilidad del monarca para impedir que se conociese la verdad, causando un daño irreparable no solo a nuestra democracia sino a la misma institución monárquica, que para demostrar que no tiene nada que ocultar debería haberla pedido de oficio.Con todo, prestigiosos constitucionalistas recuerdan que Juan Carlos I es aforado como cargo público, pero no inviolable, por lo que se podría haber solicitado al menos su imputación. En efecto, la inviolabilidad supone la exención de responsabilidad penal para quien ejerce un cargo concreto. El rey la tuvo por el artículo 56.3 de la Constitución hasta que la perdió al abdicar. Por su parte, la inmunidad es un derecho de los parlamentarios y salvo que cometan un delito flagrante, en cuyo caso podrían ser detenidos, no serán juzgados salvo que el Parlamento autorice la imputación a instancias del Tribunal Supremo. Por tanto, el único privilegio que le quedaría a Juan Carlos es el aforamiento, mediante el cual solo podría ser juzgado por el alto tribunal, nunca por un juez ordinario. Si no se ha hecho es porque tres grupos políticos no lo han autorizado. Es decir, por razones políticas, nunca judiciales.Más allá de polémicas, el escándalo sobre el origen de sus misteriosos ahorros no parece quitarle el sueño al jubilado rey emérito, que tras cuarenta años de feliz reinado ya se ha acostumbrado a convivir con los ataques de la molesta disidencia republicana, esa que sigue soñando con derrocar la monarquía española algún día. Apoyado en su trémula muleta, Juan Carlos hace frente al desgaste que los rumores de corrupción han supuesto para la Casa Real. Unas veces es cierta cadena de televisión especializada en temas del corazón (y de la ingle) la que le saca algún amorío de juventud para venderlo como la exclusiva del siglo; otras son periodistas especializados en Casa Real los que destapan algún lío con una nueva amante. Los supuestos devaneos con muchas de ellas fueron recogidos en El rey de las cinco mil amantes, firmado por el ex militar del Ejército de Tierra Amadeo Martínez Inglés. Un libro que quizá necesite de una segunda edición. Ampliada y corregida.