Diario16 publicó el pasado 24 de julio unainformación titulada “La esposa de Moreno Bonilla trabaja en la farmacéutica que distribuye 7,5 millones demascarillas quirúrgicas “gratis”para mayores de 65 años”. En el subtítulo se apuntaba que “Manuela Villena esgerente de Relaciones Institucionales de Bidafarma, que habría firmado un contratocon la Junta de más de 7 millones de euros para distribuir 7,5 millones demascarillas”.
La Oficina de Comunicación de la Juntade Andalucía ha exigido una rectificación porque asegura que la información “nohabía sido contrastada antes de su publicación en Diario 16” y desmiente que exista tal contrato entrela Administración autonómica y la distribuidora farmacéutica Bidafarma para elreparto en las oficinas de farmacia andaluzas de 7,5 millones de mascarillasgratuitas a mayores de 65 años. Así lo certifica el Portal de Transparencia dela Junta.
En el primer párrafode la citada información se señalaba que el Gobiernode Juan Manuel Moreno Bonilla había adjudicado a la cooperativa farmacéutica Bidafarma el contrato para la distribución a través de las farmacias de Andalucíade un total de 7,5 millones de mascarillas, pero la Junta ha confirmado lainexistencia de un contrato entre la Junta de Andalucíay la empresa Bidafarma para el reparto del material sanitario indicado, ya queresponde a un acuerdo alcanzado entre el Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos y la citada empresa, acuerdo en el que tampocointervino en ningún momento el Gobierno que presideJuan Manuel Moreno Bonilla.
Además de la inexistencia de taladjudicación contractual a Bidafarma por parte de laJunta, la Consejería de Salud y Familias no ha hechopúblico el contrato de Bidafarma, como afirma lacitada información de este diario, por el hecho en sí de que este contrato noexiste, según informa la Administración autonómica. “Al no existir talcontrato, resultaba materialmente imposible que la Consejeríapudiera hacerlo público”, confirman fuentes del Gobiernoandaluz.
Diario16 atiende las explicaciones delejecutivo andaluz y desmiente este extremo, por cuanto implica una acusación de incumplimiento sancionable de la legislación de contratos y de transparencia, tanto estatal comoautonómica, que en modo alguno se ha producido,puesto que no existe la relación contractualmencionada y, por lo tanto, no cabe ocultarla.