Los últimos informes sobre racismo elaborados por Naciones Unidas, recomiendan a los diferentes países miembros la aprobación de leyes para introducir prácticas normativas y de justicia penal que sean efectivas y responsables contra el racismo. Así, la ONU destaca la aprobación de la Ley para la Lucha contra el Racismo en la Columbia Británica, Canadá; las medidas en Suecia destinadas a evaluar el uso de perfiles étnicos por parte de la policía; la recogida de datos censales en Argentina que permiten una auto-declaración como persona afrodescendiente; la aprobación por la Comisión Europea de directrices sobre la recopilación y uso de datos basados en el origen racial o étnico; así como el ofrecimiento de disculpas, la conmemoración, la revisión de espacios públicos, y las investigaciones para evaluar los vínculos con la esclavitud y el colonialismo en varios países.
“El barómetro para saber si se han conseguido avances debe traducirse en los cambios positivos en las experiencias vividas por los afrodescendientes. Es necesario que los Estados escuchen a los afrodescendientes, les hagan partícipes de manera significativa y que adopten medidas reales para solucionar sus problemas”.
El informe advierte que siguen existiendo “condiciones desproporcionadas para los afrodescendientes en numerosos países, de forma notable en lo que se refiere al acceso a atención sanitaria y alimentación adecuada, pobreza, educación, protección social, justicia, desaparición forzada y violencia.”
El informe resalta patrones continuos de acusaciones de tratamiento discriminatorio; deportaciones ilegales, el uso excesivo de la fuerza y muertes de migrantes africanos y migrantes afrodescendientes causadas por agentes del orden; las repercusiones continuas y desproporcionadas de la pena capital, políticas punitivas en materia de drogodependencia, las detenciones y una representación excesiva en las prisiones; así como la falta de asunción de responsabilidades y de reparaciones por muertes de africanos y afrodescendientes durante o tras un encuentro con agentes encargados de hacer cumplir la ley.
“Allí donde están disponibles, datos recientes continúan apuntando a la existencia de tasas desproporcionadamente elevadas de muertes de afrodescendientes por agentes del orden en diferentes países,” indica el informe. “Familias de afrodescendientes continuaron informando sobre las enormes dificultades, barreras y procesos prolongados a los que se enfrentaron a la hora de buscar la verdad y justicia por las muertes de sus familiares a manos de agentes del orden”.
Discriminación mortal
El informe se centra en detalle en siete casos de personas afrodescendientes fallecidas donde estuvieron involucradas fuerzas policiales: George Floyd y Breonna Taylor en los Estados Unidos; Adama Traoré en Francia; Luana Barbosa dos Reis Santos y João Pedro Matos Pinto en Brasil; Kevin Clarke en el Reino Unido; y Janner (Hanner) García Palomino en Colombia.
El informe señala que a la vez que han existido algunos avances hacia la rendición de cuentas en algunos de estos casos emblemáticos, “desgraciadamente, ninguno de estos casos ha podido resolverse aún en su totalidad, por lo que las familias siguen buscando la verdad, justicia y garantías de no repetición, así como el enjuiciamiento y sanción para los responsables,” asegura el informe.
La Alta Comisionada interina para los Derechos Humanos Nada Al-Nashif apeló a los Estados a “redoblar sus esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas y reparar cualquier muerte de personas africanas o afrodescendientes que haya ocurrido en el contexto de la aplicación de la ley, así como a adoptar medidas para confrontar los legados que perpetúan y sostienen el racismo sistémico.”