Uso irregular y abuso en la gestión del Imserso es lo que detectó el Tribunal de Cuentas en la era Rajoy durante el periodo en el que fue director de la institución el ex consejero de Castilla y León, el popular César Antón.
Duro informe
Hoy sabemos más de dicho informe en el que se pone de manifiesto el abuso que desde la dirección General del Imserso, con César Antón a la cabeza, en cuestión de contrataciones irregulares y subcontrataciones a terceras empresas de trabajos que se pagaron y nunca llegaron a realizarse.
Diario16 ya denunció el informe del Tribunal de Cuentas sobre el Imserso tal y como facilitó a nuestro diario la Asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales, quien denunció la situación que comenzó con el nombramiento por la exministra de Sanidad de triste recuerdo, Ana Mato, del que fuera ex consejero del Gobierno de Castilla y León, el popular César Antón, como director general de la institución.
El informe del Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso Diario16, en el que se analiza las actuaciones de gestión realizadas desde marzo de 2013 hasta diciembre de 2018 del IMSERSO, cuando estaba dirigido Cesar Antón y Carmen Balfagón nombrados por el gobierno del Partido Popular, se inicia con la advertencia de la deficiente información obrante, debido a las numerosas incoherencias y falta de información verificadas en el momento previo a su análisis, comprometiendo la calidad y fiabilidad de dicha información.
Asimismo, también se ha verificado una reiterada ausencia de documentación en los expedientes de contratación tramitados para el desarrollo y mantenimiento del SISAAD.
Analizado con detenimiento el informe demoledor de fiscalización, desde el Observatorio Estatal para la Dependencia realizaron las siguientes apreciaciones estructuradas en tres capítulos analíticos (se elaboran 3 notas de prensa) y en las que se reproducen las frases textuales del Tribunal de Cuentas:
Resultados de la fiscalización dirigidos al IMSERSO y a las Comunidades Autónomas
El tribunal de Cuentas ha encontrado expedientes duplicados, sin fecha de inicio de prestación, transferencias indebidas, duplicidad en los pagos realizados… Dichas situaciones ponen en evidencia la ausencia de controles adecuados y eficaces por parte del IMSERSO.
Por las “incoherencias detectadas” en la información facilitada, el Tribunal ha efectuado trabajos previos de depuración que garantizasen la idoneidad de los resultados de fiscalización.
Como consecuencia de las numerosas deficiencias e incoherencias que, a 31 de diciembre de 2018, presentaba la aplicación informática NSISAAD, el IMSERSO ha transferido indebidamente a las CCAA, en concepto de nivel mínimo de protección, un importe estimado por este Tribunal de Cuentas en, al menos, 284.321.602,36 euros.
Incoherencias en el Sistema de Información.
Un total de 76.072 beneficiarios no han sido localizados en las bases de datos de las CCAA, figurando, no obstante, de alta en la aplicación NSISAAD como beneficiarios de prestaciones y abonando el IMSERSO la financiación correspondiente al nivel mínimo de protección, provocando un abono indebido cuantificado por este Tribunal en 8.858.602,39 euros, solo y exclusivamente en la nómina del mes de diciembre de 2018.
Las Comunidades Autónomas podrían haber dejado de percibir fondos públicos en un total de 54.847 beneficiarios que, figurando en sus aplicaciones informáticas como beneficiarios de prestaciones derivadas de la situación de dependencia, sin embargo, en el NSISAAD no constaban en dicha situación –en la nómina del mes de diciembre de 2018-, por lo que el IMSERSO no pudo abonar a las CCAA un importe estimado por este Tribunal, solo y exclusivamente en la nómina de diciembre de 2018, en 5.250.989,08 euros.
El Tribunal considera que el número de personas (250.037) con derecho a percibir prestaciones derivadas de la situación de dependencia que, a 31 de diciembre de 2018, continuarían, a nivel nacional, sin percibir su prestación resulta muy elevado (19,17 % del total de personas beneficiarias con derecho a prestación), pero resultando especialmente preocupante la situación verificada en aquellas CCCA donde el número de personas es aún más elevado que la media nacional, ascendiendo, en ocasiones, hasta el 32,64 % de su colectivo autonómico.