Entró en vigor este miércoles 1 de septiembre en el estado de Texas la ley antiaborto más restrictiva de Estados Unidos que prohíbe abortar prácticamente en todos los supuestos, ya que no contempla excepciones tan aberrantes como los casos de incesto o violación. La medida es tajante: queda prohibido interrumpir el embarazo a partir de la sexta semana de gestación, un momento en que muchas mujeres ni siquiera se han dado cuenta de que están embarazadas.
El aborto en España
Si se compara la nueva legislación antiaborto en Texas con como contempla la ley española la interrupción del embarazo vemos una clara diferencia. La legislación española contempla la interrupción del embarazo por libre voluntad de la gestante hasta la semana 14. Por otra parte, la norma permite el aborto provocado por patología fetal y por salud materna (física y psíquica) hasta la semana 22.
Por detrás de países árabes
Este área del corazón de la América profunda se coloca también, en la protección de los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, por detrás de países de mayoría árabe como Turquía donde se puede interrumpir el embarazo hasta la semana número 10 o de Túnez donde las mujeres pueden abortar durante los tres primeros meses de gestación.
Premio a los delatores
Otro de los puntos de la ley que ha levantado más polémica es el que permite a cualquiera denunciar a cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar saltándose la prohibición. Textualmente, la ley permite presentar una demanda contra cualquiera que "ayude o sea cómplice" de un aborto pasadas seis semanas. Los ciudadanos que ganen estas demandas en los tribunales podrían recibir compensaciones de hasta 10.000 dólares.
Violación de la Constitución
El presidente Joe Biden señaló, la misma mañana que entró en vigor la ley sobre la interrupción del embarazo en Texas, que esta nueva norma es “una evidente violación” a la Constitución y que su administración la combatirá para defender el emblemático fallo de Roe v. Wade, que desde 1973 da a las mujeres estadounidenses el derecho a decidir sobre sus cuerpos en materia de interrupción del embarazo.