Los órganos judiciales han acordado dos de cada tres órdenes de protección solicitadas por mujeres denunciantes de violencia de género en los primeros 15 años de vigencia de la ley de violencia de género actual, aprobada en 2004 al inicio del mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. En total han sido 375.892 las medidas de protección a estas mujeres aprobadas por los jueces, pero desde el año 2008, hace ya 13 años, no ha vuelto a tocar techo.
Las comunidades de Madrid y Cataluña rechazan casi la mitad de las órdenes de protección solicitadas por las víctimas
En 2008 se registraron 41.420 órdenes de protección aprobadas. Sólo el pasado 2019 estas órdenes de protección se aproximaron a esta cantidad, con 40.720 aprobadas. Desde 2005 que entró en vigor la ley, los jueces han rechazado el 32,7 de las solicitudes, lo que representa una de cada tres mujeres denunciantes de violencia machista sin protección pese a reclamarlo.
Desde 2005 hasta 2014, el porcentaje de las órdenes de protección acordadas respecto de las solicitadas fue decreciendo hasta alcanzar el mínimo de 56,6 %. A partir de 2014 volvieron a aumentar progresivamente hasta la actualidad, asegura el Poder Judicial en una nota de prensa. La adopción de las órdenes de protección es muy dispar en los distintos tribunales superiores de justicia, oscilando la media del periodo entre el 51% de Cataluña o el 55,5% de Madrid hasta el 81,6% de Murcia, el 82% de la Comunidad Valenciana, el 82,4 % de Aragón o el 84,9 % de La Rioja.
El Poder Judicial ha hecho balance de sus actuaciones respecto a la puesta en marcha de la denominada Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, exactamente entró en vigor el 29 de junio de 2005. Entre esta fecha y el 30 de junio de 2020, se han recibido en los juzgados de violencia contra la mujer un total de 1.896.328 denuncias; se han acordado 375.892 órdenes de protección y los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales) han dictado un total de 704.749 sentencias, con un porcentaje medio de condenas del 72,7%, lo que viene a constatar que casi el 28% de los presuntos maltratadores han sido absueltos, casi uno de cada tres. Estos datos figuran en un informe, elaborado por el servicio de Estadística Judicial del Consejo General del Poder Judicial, con el que se pretende mostrar la aplicación de esta ley orgánica durante sus 15 años de vigencia en cada uno de los tipos de órganos judiciales implicados en la lucha contra la violencia de género.
Los juzgados especializados en violencia sobre la mujer otorgan un 10% menos de órdenes de protección que los órganos judiciales mixtos
El número de denuncias por cada 10.000 mujeres aumenta en los partidos judiciales con más población, dato que revela mayores dificultades para denunciar en las poblaciones pequeñas, señala el Poder Judicial. Si se toma como referencia el número de denuncias por cada 10.000 mujeres mayores de edad (medidas con las cifras oficiales de españolas y extranjeras empadronadas), la media global del periodo es de 48,6 víctimas españolas por cada 10.000 mujeres españolas y de 223,1 extranjeras por cada 10.000 de otras nacionalidades diferentes a la española. El dato indica que la violencia de género es más grave entre las mujeres extranjeras, aunque debe matizarse teniendo en cuenta que entre las denunciantes puede haber mujeres no empadronadas.
Alejamiento y prohibición de comunicación
Es muy sintomático en el balance de aplicación de la ley durante estos 15 años que los juzgados de violencia sobre la mujer puros adopten casi un 10% menos órdenes de protección que los juzgados mixtos. Los primeros han adoptado en este periodo un total del 62,9 % de las órdenes de protección incoadas mientras que este porcentaje aumenta hasta el 72 % en los juzgados mixtos, una tendencia que se ha mantenido constante durante todo el periodo analizado.
Las medidas penales que más se han adoptado dentro del marco de la orden de protección han sido el alejamiento y la prohibición de comunicación. En general, las medidas se han adoptado, en más de un 90 % de los casos, a petición de la víctima, con la excepción de la privación de libertad, que se ha acordado a instancia de la víctima en el 63,9 % de los casos y a instancia del fiscal sólo en el 33,4 %. En cuanto a las medidas de naturaleza civil, las más frecuentes han sido la atribución de vivienda y la prestación de alimentos, concedidas en el 94 % de los casos a petición de la víctima.