El Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) en representación de las trabajadoras sexuales de Andalucía y acompañadas de otras organizaciones sociales y aliadas feministas, han exigido, esta mañana, frente al Palacio de San Telmo de Sevilla, soluciones y medidas al Gobierno que “palien la terrible situación en la que viven”. La pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto la situación de vulnerabilidad de muchos sectores de la sociedad, entre los que se encuentran las trabajadoras sexuales, que con el cierre de los clubes de alterne por las exigencias sanitarias y la dificultad para acceder al Ingreso Mínimo Vital han visto su situación exponencialmente agravada.
A las trabajadoras sexuales se les ha negado históricamente sus derechos y viven bajo un estigma social que las condena a trabajar en la clandestinidad, así como en un marco de irregularidad administrativa total. Con la llegada del coronavirus, la falta de apoyo institucional ha provocado que muchas de ellas no puedan cubrir siquiera necesidades básicas como la alimentación, el pago de suministros o un lugar donde vivir. En este contexto, las dos medidas criticadas por las trabajadoras sexuales y las 20 organizaciones que las secundan en el manifiesto ‘Solidaridad con las movilizaciones de las Trabajadoras Sexuales en defensa de sus derechos’ son el Plan de Contingencia ante la COVID-19 del Ministerio de Igualdad orientado a mujeres víctimas de trata o en contexto de prostitución en situación de vulnerabilidad y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
El manifiesto denuncia que dichas medidas “dejan en los márgenes, a las que no pueden acogerse a ellas ya que su diseño no responde a su realidad y circunstancias”, como por ejemplo,” el requisito de revelar que se ejerce la prostitución para acceder a estas ayudas, obviando las consecuencias y repercusiones que sobre ellas tiene el estigma de puta”. Además, estas medidas -revela el documento- no se han hecho efectivas para las que contaban con los requisitos para su solicitud.
Desprotección frente al cierre de clubs
El manifiesto también critica que el reciente cierre de clubs de alterne, “sin ayudas ni alternativas”, no hace más que “empeorar sus condiciones de existencia”. Sostienen que esta decisión “deja a estas mujeres en la estacada al no ir acompañada de ninguna medida de protección para quiénes no solo tienen en estos clubes su principal o única fuente de ingresos sino, además, su única residencia”. Por eso exigen que, al igual que el resto de la ciudadanía, “las trabajadoras sexuales en clubes deben de contar con los instrumentos necesarios para evitar contagios en el desarrollo de su actividad, y si estos no pueden ser garantizados, arbitrar alternativas sociales, económicas y habitacionales que les permitan vivir en dignidad y con salud”.
Ninguna mujer desprotegida
Al mismo tiempo, un grupo de docentes e investigadoras feministas universitarias han manifestado en otro comunicado su “preocupación y desacuerdo con la política del Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Consumo en relación a las trabajadoras sexuales desde el estallido de la crisis del Covid”. Al final del documento solicitan a los ministerios competentes: “Retomar la medida (ya reconocida por el ministerio para “mujeres en contexto de prostitución”), luego anulada, donde se reconocía el acceso de las prostitutas como grupo excepcional al Ingreso Mínimo Vital sin la exigencia de un año de residencia legal”; “alternativas habitacionales dignas para las trabajadoras sexuales y familiares a su cargo y no hacinamientos en albergues, así como alternativas laborales dignas, no feminizadas ni precarizadas como suele ser lo habitual en los programas con financiación pública”, y el “reconocimiento de las trabajadoras sexuales como sujetas políticas especialmente afectadas por la pandemia, que deben ser tratadas como interlocutoras legítimas en la toma de decisiones políticas que les afecta”.
Ambos comunicados coinciden en su apoyo a las reivindicaciones reclamadas por las trabajadoras sexuales y exigen al gobierno de forma unánime que “no se deje a nadie atrás” y se reconozcan los derechos de este colectivo para que puedan acogerse a las ayudas públicas, que les garanticen una mejora en tan delicada situación socioeconómica y sanitaria.