La Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron en 2019 a un total de 1.561 personas víctimas de explotación y trata de seres humanos. De estas personas, 523 eran víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, laboral, mendicidad, matrimonios forzados y para la comisión de delitos; y 1.038 víctimas de explotación sexual y laboral.
Así se desprende del balance sobre trata de seres humanos realizado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior.
El documento refleja asimismo que Policía Nacional y Guardia Civil detuvieron a 732 personas por delitos relacionados la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, laboral, mendicidad, para matrimonios forzados o para la comisión de actividades delictivas, así como por los delitos de explotación sexual y laboral. Además, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desarticularon 93 organizaciones y grupos criminales vinculados a estos fenómenos delictivos.
Entre estas 1.561 víctimas liberadas en 2019, había 29 menores de edad, de losque 24 los fueron por trata de seres humanos.
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
La trata de seres humanos constituye una de las violaciones de derechos más graves que siguen aún produciéndose en pleno siglo XXI. Sus víctimas son captadas aprovechando diversas situaciones de vulnerabilidad o necesidad, para posteriormente ser explotadas en multitud de actividades entre las que destacan la prostitución y la pornografía, el trabajo forzado, la comisión de actividades delictivas, la mendicidad, la extracción de órganos o los matrimonios forzados.
Es un delito en el que el perfil de las víctimas es principalmente femenino ya que mujeres y niñas están expuestas a un mayor riesgo de ser victimizadas, especialmente aquellas en situaciones de especial vulnerabilidad vinculadas a la pobreza, situaciones de conflicto armado o inestabilidad política.
Las cifras a nivel internacional y nacional así lo atestiguan. En 2019 el 71% del total de víctimas identificadas en España fueron mujeres y niñas; un porcentaje que llegó hasta el 96% en el caso de trata con fines de explotación sexual.
Además, otras formas de trata presentaron en 2019 una notable presencia de mujeres y niñas, como es el caso de la que tiene por finalidad la explotación laboral donde ambas alcanzaron el 42% de las víctimas identificadas.
De hecho, la trata es considerada una de las formas de violencia contra las mujeres más grave, siendo reconocida como tal en las Recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la Asamblea General de Naciones Unidas (1993) y en la Plataforma de Acción de Beijing (1995).
Por todo ello, el Ministerio del Interior desarrolla acciones en la lucha contra este fenómeno criminal, así como en la asistencia, protección y recuperación de las víctimas. Dado el perfil de las víctimas, su atención requiere de un enfoque de género que reconozca las especiales necesidades de éstas en función del género y del tipo de explotación de la que han sido objeto, todo ello con el objetivo de restituirlas y garantizar sus derechos.