Los docentes andaluces salen a la calle para recordarle a Moreno Bonilla que la educación pública no se defiende eliminando 1.200 aulas

31 de Agosto de 2022
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Moreno Bonilla, durante la inauguración telemática del curso escolar en septiembre de 2020.

Los profesores andaluces no están dispuestos a que el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla siga desmantelando progresivamente la educación pública de calidad como hizo en la anterior legislatura durante su ejecutivo de coalición con Ciudadanos, donde casi 1.200 clases fueron suprimidas del sistema público andaluz de educación mientras al mismo tiempo la comunidad andaluza se mantiene en cabeza de las ratios de alumnos por aula más elevada de todo el país, muy por encima de la media nacional, incluso de la Comunidad de Madrid, mayor referente ideológico de las políticas del presidente andaluz.

Este jueves 1 de septiembre, los más de 109.000 profesores de la educación pública andaluza están llamados a concentrarse ante las puertas del Parlamento andaluz para reclamar, además de la recuperación de las 1.200 aulas suprimidas estos últimos años, un aumento de las plantillas de docentes, además de la estabilidad de los interinos y contra el recorte de plantilla encubierto bajo el modelo de “dos por uno”.

Toda esta situación se produce mientras la dotación presupuestaria para la enseñanza concertada se ha elevado casi hasta los mil millones, una cantidad nunca alcanzada en Andalucía para financiar al sector privado. Tanto es así que el nuevo gobierno de Moreno Bonilla de tinte monocolor gracias a la mayoría absoluta conseguida el pasado 19-J ha creado una Dirección General de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada, al frente de la cual está José María Ayerbe, principal impulsor del nuevo decreto de escolarización en Andalucía bajo mandato del primer gobierno conservador en la comunidad. Según un estudio del sindicato Ustea publicado por su responsable de Acción Sindical, Carmen Yuste, a través del Decreto 21/2020 se obliga a todos los colegios e institutos de enseñanza secundaria públicos a alcanzar el máximo de matrículas contempladas legalmente, ya que en caso contrario la unidad escolar de Infantil y Primaria que no alcance las 25 plazas por aula, o las 30 en Secundaria, será automáticamente suprimida, con lo que el alumnado debe ser desplazado a otros centros. Es así como se ha alcanzado la cifra total de 1.181 clases públicas suprimidas por el primer gobierno de Moreno Bonilla.

Más de 100.000 profesores inician movilizaciones en Andalucía contra las políticas de desmantelamiento del sistema educativo público

La Administración andaluza argumenta que la eliminación de las aulas públicas se debe al acusado descenso de los índices de natalidad de los últimos años en Andalucía y, por tanto, del número de alumnos matriculados. Pese a ello, la Consejería de Educación se enorgullece de contar actualmente con la plantilla más amplia de docentes de toda su historia autonómica.

El sector educativo andaluz no ‘compra’ el discurso oficial de la Junta y asegura que este “desmantelamiento” del sistema educativo público no es algo puntual ni casual. Un estudio comparativo realizado por el sindicato CGT con los datos oficiales del Ministerio de Educación y Formación Profesional concluye que, por ejemplo, en Bachillerato, Andalucía tiene la mayor ratio de alumnado por aula de todas las comunidades autónomas: 29,3. Supera la media estatal de 25,4 en prácticamente cuatro estudiantes más por aula y tiene una ratio de casi 11 personas más por grupo que la comunidad con mejor ratio. CGT subraya que “en los dos años de pandemia el resto de comunidades ha reducido la ratio en más de un alumno por grupo, Andalucía la ha incrementado en 0,4”.

A nivel general, en el curso 2020/21, el del primer año de la pandemia, se produjo un descenso global de la ratio en todo el estado, una tendencia diametralmente opuesta a lo sucedido en Andalucía, que ha aumentado pese al descenso de los alumnos matriculados debido a la baja natalidad. “Incluso la Comunidad de Madrid, referente principal de Andalucía en cuanto a políticas educativas, redujo de forma muy importante las ratios tras el estallido de la pandemia pese a mantener un discurso ‘negacionista’ generalizado y rechazar frontal y sistemáticamente todas las orientaciones o instrucciones que provienen del Gobierno central”, señalan en CGT, una de las centrales convocantes de la concentración de este jueves ante la Cámara autonómica junto a Ustea, Marea Verde y otros representantes sindicales del sector educativo andaluz.

Respecto a las ratios, en Primara tampoco mejora mucho la situación en Andalucía respecto a otras comunidades. Andalucía tiene la tercera ratio más alta tras Madrid y Cataluña. En los dos últimos cursos, Andalucía ha reducido la ratio un 0’6, mientras que en el total de comunidades se ha reducido una media de 0’8.

Tampoco en la etapa de la ESO se invierte esta situación, ya que la ratio andaluza en esta etapa es de 26,7 alumnos y alumnas, solo superada por Cataluña. Andalucía está casi tres puntos por encima de la media estatal y 9,5 por encima de la ratio más baja. En los dos años de pandemia Andalucía ha incrementado la ratio en 0,1 mientras en el resto de comunidades ha descendido de media en más de un punto.

Andalucía, en cabeza de los fondos Covid

El problema de las ratios ha repercutido directamente en las plantillas de docentes, ya que el incremento definitivo del profesorado andaluz fue inferior proporcionalmente a otras provincias como las comunidades de Madrid y de Castilla y León, que además lograron disminuir las ratios de forma significativa. Los representantes sindicales de los docentes aseguran que el incremento del profesorado de refuerzo, que el ejecutivo de Moreno Bonilla propaló insistentemente durante la peor fase de la pandemia como un gran logro, “al final tampoco fue para tanto”, ya que Andalucía ni tan siquiera ha igualado la media del conjunto total de las comunidades, que tuvo un crecimiento del 12,5% de las plantillas frente al 12,4% registrado en Andalucía. El Gobierno de Moreno Bonilla fue el que recibió desde el Ministerio de Educación la mayor dotación presupuestaria de fondos Covid destinados a la educación, 384 millones de euros.

El sindicato CGT concluye que “frente a la reducción sustancial y generalizada de las ratios del resto de comunidades autónomas, en Andalucía se siguieron cerrando unidades públicas y manteniendo las ratios más elevadas como si el Covid no existiera. Todo esto ha provocado que seamos actualmente una de las comunidades con mayores ratios y la que más ha avanzado en el proceso de degradación y privatización de la educación pública en estos años de pandemia”.

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