La realidad es tan tozuda como el negacionismo patriarcal que la manipula burdamente, más si cabe en los casos de violencia machista. Los jueces españoles encargados de velar por la seguridad de las mujeres víctimas de violencia de género siguen rechazando a día de hoy una de cada tres solicitudes de protección presentadas por las denunciantes, pese al notable incremento de las denuncias por violencia sobre la mujer registrado el pasado 2021 tras el descenso del primer año de la pandemia.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, ha obviado valorar este grave dato que se repite insistentemente en los balances estadísticos presentados por el departamento que dirige, que viene a evidenciar que los jueces especializados en violencia sobre la mujer aún se resisten en un elevado porcentaje a creer sus denuncias y, por tanto, a determinar la protección de estas mujeres sobre sus agresores, un factor que en muchos casos puede ser determinante para evitar un desenlace fatal que termine en feminicidio.
Esta elevada negativa judicial a proteger a las víctimas que lo solicitan se produce precisamente cuando el pasado año concluye con un aumento significativo del 9,35% en el número de mujeres víctimas de la violencia de género respecto al año anterior, y con una media de 446 denuncias al día. En total, los órganos judiciales registraron el pasado 2021 un total de 162.848 denuncias, un 8 % más que en 2020. Las 159.352 víctimas de la violencia machista presentaron el 73,08% de las denuncias y las sentencias condenatorias sumaron 41.073, el 75,62% de las 54.318 dictadas por juzgados y tribunales.
Un dato sobre el que sí ha incidido la presidenta del Observatorio ha sido el de la suspensión del régimen de visitas de los maltratadores a sus hijos, que se incrementaron un 137% en 2021, año de entrada en vigor de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Carmona valora de forma muy positiva este aumento de la suspensión del régimen de visitas, que en 2021 fue adoptada por los jueces y juezas de los juzgados de violencia sobre la mujer en 2.008 casos, frente a los 847 de 2020. Sólo en el cuarto trimestre del pasado año, se adoptó en 836 casos. “La protección de los niños y niñas está presente en el Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017, que ya proponía revisar la regulación del régimen de visitas en los casos de violencia de género y, por supuesto es uno de los principios que rigen nuestro ordenamiento jurídico”, señala la presidenta del Observatorio.
El rechazo judicial a proteger a las víctimas se mantiene en niveles similares a años anteriores pese a la creciente concienciación sobre la necesaria protección que deben tener estas mujeres sobre sus agresores
Respecto a las órdenes de protección solicitadas por las víctimas, los jueces siguen rechazando casi una de cada tres solicitudes, exactamente el 28,64% de las solicitudes de víctimas, un porcentaje prácticamente inamovible en los últimos años pese a la creciente concienciación ciudadana e institucional sobre la necesaria protección que deben tener estas mujeres sobre sus agresores. De las 43.736 solicitudes en total presentadas en 2021, los jueces rechazaron su demanda a 12.524 mujeres víctimas de violencia machista. Insistentemente también se produce un dato revelador: los juzgados de guarda rechazan un casi un 7% menos solicitudes de protección a las víctimas que los propios juzgados especializados en violencia sobre la mujer, que apenas acordaron el 70,4% de las demandas de protección.
El balance de 2021 registra que casi la mitad de los casos, exactamente el 48,9%, la relación de pareja se mantenía en el momento de la solicitud de la orden de protección. Un año antes, en 2020, esta situación se mantuvo en el 51,2% de los casos. Dos de cada tres mujeres (el 67,2% del total) que solicitaron protección eran españolas y un 1,6% del total (tanto españolas como extranjeras) eran menores de edad, unos porcentajes muy similares a los del ejercicio anterior.
Los juzgados acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y otras medidas cautelares, un total de 60.040 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). Las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (23.834), que representaron el 69,11% del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas y la prohibición de comunicación (22.414), un 65,79 por ciento.
Protección judicial “estable”
El Observatorio pretende dar una visión positiva del elevado porcentaje de rechazo judicial a la protección solicitada por las víctimas, y asegura a este respecto que “si bien el conjunto de medidas penales dictadas disminuyó un 2,65 % con respecto a 2020, el porcentaje de órdenes de alejamiento y prohibición de las comunicaciones sobre el total de las medidas acordadas se mantuvo estable”, lo que quiere decir que se mantuvo en unos niveles que dejan a una de cada tres mujeres denunciantes de violencia de género sin la protección solicitada sobre sus agresores.