A sólo unos días del inicio del curso escolar en Infantil y Primaria el próximo jueves en Andalucía, con una población académica de 1,8 millones de alumnos en total, sumando a los de Secundaria, y más de 140.000 docentes y personal auxiliar, las familias de muchos de estos escolares han denunciado que están desembolsando de sus propios bolsillos el pago de materiales de seguridad contra la covid-19, como por ejemplo las mamparas de seguridad que se están instalado en los comedores escolares de los centros educativos.
Este nuevo inconveniente se suma al que estos días atrás han denunciado los equipos directivos de los colegios de la comunidad andaluza, que aún no han recibido los geles hidroalcohólicos ni las mascarillas prometidas por la Consejería de Educación. El departamento que dirige Javier Imbroda, que se enfrenta en este inicio del curso académico a un amplio calendario de movilizaciones convocadas por sindicatos y otras asociaciones escolares, informó a los directores de los colegios que este material de seguridad para luchar contra la pandemia deben retirarlos ellos mismos de los denominados Centros del Profesorado, que cuenta con 32 centros en toda la comunidad andaluza.
El departamento que dirige Javier Imbroda obliga a los equipos directivos de cada colegio que recojan ellos mismos los geles y mascarillas prometidas a los escolares
La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos Fampa Nueva Escuela, que representa a más de 500 Ampas, ha recibido la queja de numerosos progenitores a los que la Consejería de Educación “les está solicitando hacer compra de materiales de seguridad, sobre todo relacionados con el servicio de comedor”. Fampa pregunta al director general de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), Manuel Cortés, “¿por qué se está permitiendo a las empresas no asumir el gasto?”. Los pliegos de condiciones de concesión del servicio de comedor son tajantes en este sentido y especifican que deben ser las empresas concesionarias las que asuman estas compras y su gestión, ya que están obligadas a cumplir “cuantas normas de higiene y salubridad se establezcan por la Dirección de Servicios a la comunidad educativa de la Agencia Pública”. Además, estas empresas deben asumir la responsabilidad de todas aquellas normas de seguridad e higiene que disponga la legislación vigente.
En una carta dirigida a la Asociación Andaluza de Directoras y Directores de Centros de Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre), reclaman que los equipos directivos de los centros educativos intervengan ante estas anomalías de funcionamiento y “deficiencias” que las Ampas vienen sufriendo en este inicio del curso escolar.
Copago educativo
Los progenitores también denuncian que numerosas Ampas no han sido convocadas para pertenecer a la Comisión Covid de cada colegio, “que sólo ha conocido el protocolo elaborado por el equipo directivo en el Consejo Escolar para incluirlo en el plan del centro o que incluso, formando parte del Consejo Escolar, lo conocen a través de Ipasen (sistema informático de comunicación de la Consejería de Educación) sin haber pasado por el mismo”.
Fampa denuncia que la “continua improvisación” que se está llevando a cabo en las medidas preventivas de la Consejería de Educación contra la pandemia ante el inicio del curso “no debe recaer en cargar a equipos directivos de trabajo extra, entre otras cosas, ni por supuesto dar por bueno un copago educativo por parte de las familias”.
Pese a la incertidumbre de las madres y padres que estos días llevan a sus hijos al colegio después de seis meses, ni la APAE ni la propia Consejería de Educación han despejado las numerosas dudas que estos padres mantienen y han hecho llegar a las Ampas de los centros educativos de sus hijos. “El comedor escolar es un servicio fundamental para la conciliación de las familias y para aquellas que son beneficiarias del Programa de Refuerzo de Alimentación Infantil, y no podemos entender que a estas alturas no tengamos información de las medidas y recursos que se van a adoptar para garantizar la seguridad de nuestros hijos e hijas y del personal laboral”, denuncia Fampa Nueva Escuela.