El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el 20 de julio de 2020 la “Ley 1/2022, de 13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables”. El Parlamento andaluz había aprobado por unanimidad un mes antes este proyecto impulsado en solitario por el entonces Podemos de Teresa Rodríguez (hoy en Adelante Andalucía), al que se opusieron en un primer momento el resto de fuerzas parlamentarias, tanto el PSOE de Susana Díaz como Ciudadanos, el Partido Popular de Juan Manuel Moreno Bonilla y Vox. La iniciativa ciudadana surgida de la asociación Escuelas de Calor en 2017 se veía cristalizada en una ley aprobada por la unanimidad de la Cámara andaluza pese a que la inmensa mayoría de sus representantes nunca creyó en ella. Dos años después de la puesta en marcha de esta ley, y en medio de la ola de calor más intensa de los últimos años en todo el país, sus resultados son tan ridículos como insuficientes en la inmensa mayoría de los más de 6.000 centros escolares públicos con que cuenta la red educativa andaluza, que da cobertura a 1,8 millones de escolares con más de 100.000 docentes.
No es lo mismo la situación de un colegio público de Punta Umbría, en la costa onubense, que otro de Andújar, en Jaén, o los de las capitales de Córdoba y Sevilla, por ejemplo. Las temperaturas más extremas de invierno y verano no son comparables en estos municipios y ciudades, aunque los efectos del cambio climático están uniformando los déficits de estos colegios en cuanto a una red adecuada de bioclimatización de las aulas y su entorno. Precisamente son los centros educativos los únicos edificios de uso público en Andalucía que no cuentan a día de hoy con sistemas adecuados de climatización y refrigeración.
Educación apenas ha destinado en los últimos años el 1,75% de su presupuesto anual para preparar térmicamente los centros docentes
La ley andaluza en vigor, la única específica aprobada por una comunidad autónoma, otorga un plazo máximo de seis años para que todos los centros educativos públicos de Andalucía estén acondicionados bioclimáticamente, pero el mortecino ritmo de las obras y las exiguas partidas destinadas por la Consejería de Educación hasta el momento hacen prever que no se conseguirá ni de lejos este objetivo aprobado por ley hace ahora dos años.
Durante el primer ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla, el departamento de Educación, en manos de Ciudadanos, ha destinado diferentes cantidades a acondicionar bioclimáticamente la red pública de colegios andaluces. En 2021 se invirtieron un total de 140 millones de euros para 400 actuaciones de instalación de sistemas de refrigeración adiabática y placas solares fotovoltaicas en centros públicos andaluces. El fallecido titular de Educación Javier Imbroda lo definió como “la mayor apuesta de la historia por la bioclimatización y las energías renovables”. Para el presente año 2022, las partidas destinadas por el Gobierno de Moreno Bonilla a bioclimatizar las aulas son prácticamente calcadas al año anterior: 140 millones de euros para climatizar un total de 430 centros en toda la comunidad.
De este modo, se constata que estas partidas para aplicar la ley aprobada por unanimidad del Parlamento andaluz son mínimas si se compara con el presupuesto total que ha manejado en cada ejercicio la Consejería de Educación. Así, el presupuesto de la Consejería de Educación y Deporte para este 2022 asciende a más de 8.000 millones de euros, un 8% más que en 2020 y un 26,5% más que en 2018. Por tanto, el dinero que el Gobierno de Moreno Bonilla ha otorgado cada año para evitar que los escolares andaluces reciban sus clases a más de 30 grados centígrados durante varios meses del curso académico apenas llega al 1,75% del total que maneja cada año el departamento de Educación.
Estas exiguas partidas apenas dan margen para bioclimatizar anualmente un porcentaje mínimo de edificios escolares, de los más de 6.000 en total existentes en Andalucía, con lo que el objetivo inicial de que todos estos centros estén acondicionados en 2026 se antoja una empresa prácticamente irrealizable al ritmo actual que ha impuesto el ejecutivo de Moreno Bonilla.