Una vez más, la ciega maquinaria administrativa ha llevado a la deportación de un inmigrante en España. Desde el colectivo de Senegaleses de Ribera, Médicos del Mundo Navarra, Papeles y Derechos Denontzat y SOS Racismo Nafarroa han valorado la decisión de la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) de imponer una sanción de apercibimiento al Ayuntamiento de Ribaforada (Navarra), al entender que el consistorio actuó con “falta de lealtad” y de forma “ilícita” al colaborar, mediante engaño, a la expulsión del ciudadano senegalés Modou Khadim Sow.
Khadim Sow fue citado en el Ayuntamiento de su localidad para solventar un trámite relacionado con su empadronamiento, en realidad se trataba de una cita trampa, ya que cuando acudió, fue detenido y trasladado a dependencias policiales por agentes de Policía Nacional, y posteriormente expulsado en menos de 48 horas a su país de origen, Senegal, sin que mediara asistencia jurídica, ni ninguna otra actuación.
“Esta decisión viene a confirmar lo que ya dijimos ante el Parlamento de Navarra a principios del año pasado; desde el principio señalamos que se trató de una actuación perversa, injusta e ilegítima, que tuvo un impacto sobre toda la sociedad, al convertir a una entidad local en cómplice directa de uno de los mecanismos más atroces del Racismo Institucional, como son las expulsiones exprés”, asegura una nota de prensa firmada por las oenegés.
Procedimiento kafkiano
Par las organizaciones, la versión del Ayuntamiento nunca fue creíble, ya que el entonces alcalde defendía su actuación amparándose en la colaboración con otra administración, por lo que las oenegés manifiestan que en ningún caso podría considerarse esta actuación como “colaboración necesaria entre administraciones”, sino todo lo contrario: frente a leyes tan injustas como la de Extranjería no cabe colaboración alguna que no vulnere de manera directa o indirecta derechos fundamentales de las personas.
Ahora, tras la resolución del Defensor del Pueblo y de la AEPD, dictaminando que la citación que envió el Ayuntamiento con “falta de lealtad” hacia Modou y, por tanto, no respetando sus derechos, las asociaciones se preguntan: ¿Qué va a hacer el Ayuntamiento o el Gobierno foral para restituirlos? ¿Cómo va a reparar el daño causado? ¿Qué mecanismos se van a poner en marcha para que este tipo de sucesos no vuelvan a producirse?
Las organizaciones exigen el cumplimiento de las leyes y convenios internacionales
“También nos preguntamos si el Gobierno de Navarra va a mantener en un puesto político a una persona que, siendo alcalde, actuó de forma ilícita y con falta de lealtad haca un vecino de su municipio; Gobierno que, a pesar de ello, le nombró Director General, además, de Administración Local. Nuestros pueblos y barrios siguen plagados de fronteras invisibles en forma de controles de identidad racistas, las diversas policías presentes en Navarra siguen entregando citaciones trampa, ejerciendo un control social a través de la discriminación y el miedo a la detención y/o deportación, mecanismos de violencia institucional con los que se pretende justificar la vulneración de derechos”.
“Seguimos defendiendo la igualdad de derechos y el reconocimiento pleno de la diversidad como la base sobre la que construir una sociedad en la que todas las personas podamos desarrollar nuestros proyectos de vida desde la dignidad, y por eso desde nuestros colectivos seguimos construyendo redes de solidaridad y apoyo mutuo, como alternativa a un sistema centrado en categorizar personas y mantener privilegios, frente a ello, nos seguimos organizando y defendiendo”, añade la nota de prensa.