La Agencia Tributaria, tras varias sentencias en su contra, se vio obligada a reconocer el derecho de las personas que cotizaron a través de las mutualidades a recibir una devolución de dinero, dado que, en promedio, cotizaron un 25% más de lo que les correspondía. En la página web de la AEAT se pusieron herramientas para que los mutualistas pudieran solicitar la devolución de esas cuantías. Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez, de manera unilateral, cambió el criterio.
El 21 de diciembre de 2024, el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley 7/2024, de 20 de diciembre, de carácter fiscal, donde se aprobaba la Disposición Final Décimo Sexta que modificaba el procedimiento de aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sobre la Disposición Transitoria 2ª de la Ley 35/2006 del IRPF para los períodos impositivos 2019-2022 que había establecido la propia Agencia Tributaria.
Distintas asociaciones de pensionistas, consumidores y sindicatos como CCOO han denunciado que la modificación del criterio y del procedimiento supone que mientras algunas personas ya han recibido o van a recibir la totalidad de lo solicitado, a otras se les exige la obligación de volver a iniciar el proceso.
Además, la devolución ya no será en un único pago, sino fraccionada a lo largo de cuatro ejercicios fiscales. Esto, según las asociaciones denunciantes, introduce elementos de inseguridad jurídica y una demora que puede resultar especialmente grave para las personas de edades más avanzadas.
Una cuestión extremadamente delicada es el hecho de que las solicitudes pendientes de resolución al 22 de diciembre de 2024 han quedado sin efecto, lo que obliga a las personas afectadas a volver a presentarlas bajo el nuevo procedimiento. Este requisito supone un esfuerzo adicional para muchas personas mayores, que deben estar atentas a plazos específicos durante los próximos años.
«Por una parte escuchamos desde numerosos ámbitos públicos hablar de la superación de la brecha digital y por el otro, esa misma administración que dice luchar contra ella, impone un procedimiento telemático al que la mayor parte de las personas mayores, no tienen acceso, bien por falta de conocimientos, bien por falta de recursos y de infraestructuras: recordemos que todavía hay numerosísimos municipios en nuestro país sin cobertura digital terrestre», denuncian desde la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España.
Asimismo, las dificultades para realizar trámites telemáticos, no solo incrementa la complejidad del proceso, sino que también supone, en muchos casos, un coste económico adicional, ya que muchos pensionistas se ven obligados a contratar los servicios de una gestoría para llevar a cabo este procedimiento.
Por esa razón, la oposición y denuncia está uniendo a los pensionistas que exigen soluciones que eviten este retroceso en los derechos de las personas mayores y que permitan recuperar la aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/2006 del IRPF, tal como estaba previsto. «Es imprescindible corregir esta situación en el menor plazo posible para evitar sus consecuencias lesivas y garantizar un trato justo para todas las personas en la misma situación», denuncian desde UDP.