En España, la prostitución opera en un limbo legal: no está penalizada, pero tampoco regulada. Esta ambigüedad favorece el proxenetismo, la trata de blancas y la explotación sexual, mientras deja a las trabajadoras sexuales sin derechos laborales, protección social o acceso a la salud. La regulación no solo acabaría con estas lacras, sino que dignificaría la profesión, garantizaría pensiones, seguridad social y combatiría la cosificación de la mujer al establecer un marco legal claro y protector.
Según la Fundación Esperanza, en España hay entre 40.000 y 50.000 personas en situación de prostitución, y el 80% son víctimas de trata. La UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) señala que España es uno de los principales países de destino de trata en Europa.
¿Cómo acabar con esto?
- Regulación estricta: Solo podrán ejercer quienes lo hagan de forma voluntaria, con contrato laboral y alta en la Seguridad Social.
- Incremento de penas:
- Prisión de 8 a 12 años para los proxenetas y tratantes (actualmente, el Código Penal español contempla penas de 5 a 8 años).
- Multas de hasta 100.000€ para quienes contraten servicios sexuales sin factura (siguiendo el modelo sueco, pero con mayor rigor).
- Inspecciones laborales: Creación de una unidad policial especializada para detectar redes de explotación en prostíbulos ilegales.
2. Dignificación y derechos laborales: pensiones, salud y seguridad
En países como Alemania o Países Bajos, donde la prostitución está regulada, las trabajadoras sexuales cotizan a la seguridad social, tienen acceso a sanidad pública y jubilación. España podría implementar un modelo similar:
- Contratos laborales: Inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o creación de un estatuto específico.
- Acceso a la sanidad pública: Revisiones médicas obligatorias gratuitas (no como estigma, sino como prevención).
- Pensiones y prestaciones: Cotización mensual garantizada, como en cualquier otro empleo.
La regulación debe ir acompañada de políticas sociales que desincentiven la demanda ilegal y fomenten la igualdad:
- Campañas educativas: En colegios y medios para desmontar estereotipos machistas.
- Alternativas laborales: Programas de reinserción para quienes deseen dejar la prostitución.
- Protección real: Oficinas de atención jurídica y psicológica para trabajadoras sexuales.
La prostitución existe, y seguirá existiendo. La pregunta es: ¿preferimos un sistema que proteja a las mujeres o uno que beneficie a las mafias? La regulación no es "legalizar la explotación", sino garantizar derechos, perseguir a los explotadores y acabar con el negocio clandestino. España tiene la oportunidad de liderar un cambio histórico.
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