Diario16 ha recibido en los últimos días la queja de varias familias que tienen a sus hijos estudiando en Cádiz de que la Residencia de Estudiantes Cádiz Centro está reclamando el cobro a estas familias por la estancia en dicho centro de sus hijos. Sin embargo, estos estudiantes están viviendo en la actualidad en su primera residencia, es decir, en el domicilio familiar, tal y como se indica claramente en el Real Decreto por el que el Gobierno decretó el estado de alarma y sus posteriores ampliaciones.
En concreto, las familias denuncian que, a pesar de que noestar utilizando los servicios de la residencia, la dirección continúa con elcobro de la cuota mensual. En algunos casos, han referido a este medio que esasreclamaciones de pago se están realizando a través de presuntas amenazas.
Diario16 ha contactado con la dirección de la Residencia Centro y, en primer lugar, ha afirmado que la residencia no se ha cerrado. «La residencia permanece abierta, ya que la mayor parte de nuestros alojados son estudiantes universitarios que tienen firmado con nosotros un contrato de arrendamiento vigente hasta el 30 de junio. Aquí permanecen residentes, tenemos un contrato que cumplir y lo estamos haciendo, tenemos un protocolo para las zonas comunes», afirman.
Sin embargo, las clases en las universidades fueronsuspendidas el día 13 de marzo y, en una reunión de los rectores celebrada eldía 2 de abril, se decidió que en este curso no se reanudarían la enseñanzapresencial, manteniendo la docencia telemática, algo que no precisa de lapermanencia de los alumnos en la residencia universitaria.
Por otro lado, los alumnos que, tras la suspensión de lasclases, decidieron irse a su primera residencia, es decir, al domiciliofamiliar, estaban cumpliendo con lo indicado por el Gobierno.
Sin embargo, según indicó la dirección de la residencia a este medio «Hay personas que se han marchado a casa de sus padres, pese a que esta es su residencia habitual durante el curso. Aquí permanecen sus cosas y en ningún momento han resuelto el contrato». Es decir, que ni la suspensión de las clases presenciales ni la preeminencia durante el confinamiento de la primera residencia a la habitual es causa para la cancelación de esos contratos de arrendamiento. Además, precisamente son esos objetos personales los residentes los que, según han indicado a Diario16, están siendo utilizados como medio de coacción para el pago de la cuota mensual. Mientras no paguen, no podrán retirarlos de la habitación, lo que podría implicar la comisión de un presunto delito de apropiación indebida puesto que ninguna persona física o jurídica tiene capacidad de embargar ni retener los bienes de nadie.
Por indicación de las autoridades gubernamentales y por lasuspensión de las clases presenciales estos alumnos no están utilizando losservicios de la residencia. La razón de esos contratos en residenciasuniversitarias se fundamenta durante la celebración del curso escolar y lasclases presenciales, por tanto, lo ética, moral y legalmente establecido seríala suspensión de dichos contratos y la exención de cualquier tipo de pago, algoque es contrario a la actuación de la Residencia Cádiz Centro que intenta, através de comportamientos intimidatorios, según indican las familias, de cobrarel 100% de las cantidades por servicios de los que no se están beneficiando losestudiantes como, por ejemplo, la comida.
Sin embargo, la dirección de la residencia acusa a estas familias de «no querer pagar» como sí han hecho otras que, o han cancelado sus contratos o que han aceptado pagos aplazados. ¿Pagar por un servicio que no se está recibiendo? «También hay algunos residentes que sin querer resolver el contrato quieren no abonar nada de las rentas. Eso no puede ser, tenemos responsabilidades que cumplir sobre todo porque esta residencia tiene obligaciones también y que en ningún momento ha dejado de hacer. Nosotros también tenemos un alquiler que pagar y tenemos trabajadores que cobran sus sueldos, así como muchos suministros industriales que abonar y por los que estamos comprometidos. Es muy fácil dejar de abonar una renta y decir que no hay obligación de pagar la misma».
En serio, ¿se están dando los mismos servicios? ¿Se está comprandoa los proveedores las mismas cantidades de, por ejemplo, comida? ¿Están todoslos trabajadores de la residencia trabajando las mismas horas? El sentido comúndice que no debería ser así. Sin embargo, la dirección de la misma afirma que«nosotros también tenemos un alquiler que pagar y tenemos trabajadores quecobran sus sueldos así como muchos suministros industriales que abonar y porlos que estamos comprometido».
Además, acusa a estas familias de «pisotear los derechos de los demás y nos estamos viendo pisoteados por aquellos que sin ningún motivo legítimo han dejado de abonar las rentas». Si las universidades no están dando las clases presenciales, ¿pretenden en la residencia que estos jóvenes estudiantes se queden en Cádiz cuando el Real Decreto del estado de alarma exige que todos y todas las ciudadanas deben quedarse en su primera residencia. ¿Podría considerarse que se trata de una segunda residencia? Sí. ¿Están empadronados los estudiantes en la residencia? No. Entonces, no hace falta decir nada más.
Sin duda, este caso es uno más de los que actúan violentandopresuntamente la ley, de los que se aprovechan de la situación de dolor ydestrucción de la pandemia, de insolidaridad, de abusos. Incluso podría serconsiderado por la Justicia justa como un presunto delito de enriquecimientoilícito. Además, con su comportamiento, no están usted dando un buen ejemplo deimagen a la ciudad de Cádiz. El Ayuntamiento, los servicios de inspecciónsanitaria o laboral y las que fuesen exigidas deberían realizar una visita conel fin de conocer dónde podrían, en el caso que así fuese, estar basando suactitud y el derecho a sus reclamaciones y, en caso contrario, a qué obedece sucomportamiento beligerante, confuso, coactivo y ruin y en estos momentoshumanamente incalificable.