Las Alcaldesas y Alcaldes de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez; Alcorcón, Natalia de Andrés;Fuenlabrada, Javier Ayala;Getafe, Sara Hernández; Móstoles, Noelia Posse;Leganés, Santiago Llorente y Parla, Ramón Jurado han emitido un comunicado con su apoyo a las medidas de restricción de la movilidad del Gobierno adoptadas en el Consejo Interterritorial de Sanidad, con la convicción “de que cuanto antes se tomen medidas serán más efectivas y evitarán adoptar otras más drásticas en el futuro”.
Las y los regidores señalan que “es muy positivo” constatar que por fin existen criterios objetivos que justifican y dan sentido a las actuaciones a desarrollar en sus municipios.
También denuncian que “nunca han existido tales criterios objetivos en las restricciones impuestas por la Comunidad de Madrid en función de las zonas básicas de salud, lo que ha provocado falta de equidad y tensiones entre vecinos y vecinas de un mismo municipio”.
Además, critican la posición de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso que “nos sitúa frente a un grave problema de gestión de la crisis desde un punto de vista social y de convivencia, con vecinos y vecinas confundidos entre lo que establecerá el Gobierno de la Nación y será ejecutado por la Policía Municipal, Policía Nacional y Guardia Civil frente a la 'desobediencia' proclamada por las autoridades autonómicas”.
Sobre la situación de contagios en diversas localidades de la Comunidad, el texto del comunicado matiza que “somos ciudades de más de 100.000 habitantes, pero existen índices de contagio acumulados de la misma magnitud e incluso superior en ciudades de tamaño medio con más de 50.000 habitantes (como, por ejemplo, Collado Villalba con un índice de contagio de 783 y el 88% de las UCI ocupadas)”.
Para las alcaldesas y alcaldes de estos municipios, “La Comunidad de Madrid debería ser responsable y aplicar las mismas medidas en esos municipios, tal y como se acordó en el Consejo Interterritorial de Sanidad. De hecho, alcaldes y alcaldesas de municipios menores a 100.000 habitantes ya lo están solicitando públicamente”.
Consejo Interterritorial de Sanidad
Las medidas adoptadas por el Consejo Interterritorial de Sanidad sirven “para anteponer como valor fundamental la salud pública ante los terribles efectos de la COVID-19, pero también sirven para defender la economía, ya que, si se sigue expandiendo el virus en nuestra Comunidad, se van a bloquear finalmente todos y cada uno de los sectores económicos y no solo los que por desgracia sufren un mayor impacto por estas medidas como pueden ser los relacionados con la cultura, el turismo y el ocio”, insisten las regidoras y regidores de los municipios del sureste de Madrid.
Las localidades firmantes piden a la Comunidad de Madrid que colabore y acepte las medidas indicadas por el Consejo Interterritorial de Sanidad y que “sea solidaria en el esfuerzo y colabore también con el sostenimiento económico de los sectores perjudicados en nuestros municipios y exigimos la creación de un fondo de ‘Apoyo frente a la COVID-19’ para los ayuntamientos. Recordamos que desde el Gobierno de España se ha destinado a la Comunidad de Madrid un fondo COVID-19 por un importe total de 3.416 millones de euros”.
El comunicado concluye con una crítica a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso: “Se ha llegado a este punto (en el que la Comunidad de Madrid suma más del 40% de los nuevos contagiados en España) por la absoluta incapacidad e irresponsabilidad del Gobierno de Díaz Ayuso frente a la pandemia, un Gobierno enredado en una sucesión de contradicciones entre sus miembros, con continuos anuncios improvisados e incumplidos de manera sistemática (rastreadores, PCR para los escolares, contratación de docentes y personal sanitario), sin diálogo con los municipios y que ha buscado siempre una continua confrontación con el Gobierno de España”.
La “lealtad institucional no solo se predica, sino que se practica, así lo hemos hecho en todos y cada uno de los ayuntamientos que representamos, acatando siempre las medidas dictadas por el Gobierno Regional a pesar de no haber sido consultados ni, en muchas ocasiones, compartirlas. La 'desobediencia' como se ha demostrado en otras latitudes de España no es un buen camino para ningún gobierno responsable”, concluyen.