Al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, le llueven piedras por todas partes. De la izquierda, de la derecha y hasta del centro político. PP y Vox volverán a intentar que el Congreso repruebe esta semana al ministro como responsable máximo de que Instituciones Penitenciarias concediera el tercer grado al autor del asesinato de un niño de nueve años en Lardero (La Rioja), Francisco Javier Almeida, en contra del criterio de la Junta de Tratamiento de la prisión.
Un asunto que llegará al Pleno de la Cámara Baja tan sólo una semana después de las críticas de Unidas Podemos, socio del PSOE en el Gobierno, contra Marlaska por haber llevado una tanqueta a Cádiz para tratar de mantener el orden ante las manifestaciones de los trabajadores del metal, pero también de las protestas policiales contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada como ley mordaza por sus detractores, informa Europa Press.
Tanto el PP como Vox someterán a debate y votación del Pleno de esta semana sendas mociones, que son consecuencia de las interpelaciones que dirigieron hace dos semanas al titular de Interior, cuestionando el control que se aplicó al asesino de Lardero tras su excarcelación en 2020 y defendiendo la prisión permanente revisable que el Gobierno cuestiona.
En dichas mociones, recogidas por Europa Press, tanto uno como otro partido reclaman la reprobación del ministro. La tercera fuerza del Congreso pide asimismo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo cese.
En el caso del PP, el cese se justifica por su gestión en la concesión de permisos y progresión de grado de presos peligrosos, condenados por delitos muy graves y sin rehabilitación, en casos como los violadores, pederastas o terroristas, mientras que Vox censura a Marlaska por su “negligente” gestión al frente de Instituciones Penitenciarias, bajo su responsabilidad.
Marlaska, el odiado por todos
Marlaska es, con diferencia, el ministro que acumula más reprobaciones en lo que va de legislatura. Tanto el PP como Vox y Ciudadanos han solicitado en diversas ocasiones al Congreso que le señalara por asuntos como el acercamiento de presos de ETA a las cárceles del País Vasco, por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, y ahora por el asesinato de Lardero.
Y constantes han sido también las veces en las que los tres partidos han pedido su dimisión por estos y otros asuntos, siendo el más reciente la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que está tramitándose en el Congreso y contra la que policías y guardias civiles han salido esta semana a la calle.
En concreto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad critican algunas de las enmiendas que PSOE y Unidas Podemos, partidos socios en el Gobierno, quieren introducir en el articulado de la ley mordaza, como la que permite difundir imágenes de los agentes grabadas durante su actividad profesional, la que la reduce de seis a dos horas el tiempo máximo de retención de una persona para su identificación o la que elimina la presunción de veracidad de los policías.
Todas estas reivindicaciones son respaldadas tanto por el PP como por Vox, que han decidido aprovechar la sesión de control al Ejecutivo de este miércoles para dirigir sendas preguntas al ministro del Interior.
En concreto, la portavoz de Interior del PP, Ana Belén Vázquez, quiere que Marlaska aclare al Congreso si el Gobierno piensa “rectificar” las “masivas” protestas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Por su parte, el vicepresidente cuarto de la Mesa y diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, buscará que el ministro explique en el Congreso “por qué va a desproteger” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones policiales.