La brutal muerte de una educadora social de 35 años en un piso tutelado de Badajoz ha conmocionado a la sociedad. La mujer fue agredida y asfixiada por tres menores de entre 14 y 15 años que estaban bajo su supervisión. Los agresores, dos chicos y una chica, escaparon en el coche de la víctima, sufrieron un accidente en la carretera y continuaron su fuga haciendo autostop hasta Mérida, donde fueron finalmente detenidos.
Los hechos ocurrieron en la noche del domingo en una vivienda tutelada situada en la urbanización Guadiana, en la calle Castillo de Benquerencia. Según fuentes policiales, la educadora se encontraba sola en la casa con los menores cuando fue atacada violentamente. Uno de los adolescentes avisó a los servicios de emergencia sobre las 23:30 horas, pero cuando los sanitarios llegaron al lugar, la mujer ya había fallecido. La Policía Nacional confirmó que el cuerpo presentaba signos de haber sido golpeado y asfixiado con un cinturón.
Una situación de riesgo advertida sin respuesta
La víctima, identificada como Belén Cortés y natural de Castuera (Badajoz), había denunciado anteriormente problemas con los menores ahora detenidos. Compañeras de trabajo de la fallecida han señalado que llevaban semanas alertando sobre una situación peligrosa en la vivienda tutelada. “Trabajamos con miedo. Esta tragedia podría haberle ocurrido a cualquiera de nosotras”, afirmó una de sus compañeras en declaraciones a la agencia Efe. La misma fuente detalló que en las últimas semanas se habían producido robos, fugas y otras agresiones dentro del centro.
El piso tutelado forma parte de un programa de reinserción sociolaboral para jóvenes con medidas judiciales. Cinco auxiliares técnico educativas (ATE), un coordinador y otro profesional trabajaban en turnos rotatorios en la vivienda, pero el día del crimen Belén era la única profesional presente.
Una huida desesperada y una detención en Mérida
Tras cometer el crimen, los tres menores huyeron en el coche de la víctima, pero en su intento de escapar sufrieron un accidente cerca de la localidad de Lobón. Abandonaron el vehículo y siguieron su fuga pidiendo autostop hasta Mérida. La Policía Nacional logró localizarlos y detenerlos el lunes por la mañana.
Uno de los menores implicados ya había protagonizado una desaparición previa de siete días y había sido localizado recientemente por la Guardia Civil en Villafranca de los Barros.
Los detenidos, de nacionalidad española, han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores, que deberá determinar las medidas judiciales a aplicar en su caso. Al tratarse de menores de edad, no pueden enfrentarse a penas de prisión como los adultos, sino a medidas de internamiento en centros especializados.
Conmoción entre trabajadores sociales
El asesinato de Belén Cortés ha generado una profunda indignación en Badajoz y en el ámbito de los trabajadores sociales. Compañeros de la víctima han denunciado la falta de recursos y la inseguridad con la que desarrollan su labor en los centros de menores.
En redes sociales se ha convocado una concentración espontánea en las puertas del centro de menores Marcelo Nessi en señal de protesta y para exigir más protección para los profesionales del sector.
La Junta de Extremadura ha emitido un comunicado en el que lamenta profundamente el fallecimiento de la trabajadora y ha trasladado su pésame a la familia y amigos. Sin embargo, desde los sindicatos y colectivos de educadores sociales se exige una revisión urgente de las condiciones de trabajo en estos centros.
La Policía Nacional continúa con la investigación para esclarecer completamente las circunstancias del crimen. El grupo primero de la brigada provincial de Policía Judicial de Badajoz se ha hecho cargo del caso. Las autoridades judiciales y la Fiscalía de Menores recibirán en los próximos días un informe detallado con todas las pruebas recopiladas hasta el momento.
Este suceso ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad en los pisos tutelados y el riesgo al que se exponen los profesionales que trabajan en ellos. Mientras la investigación avanza, la comunidad educativa y los trabajadores sociales exigen medidas para evitar que una tragedia como esta vuelva a repetirse.