El exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha protagonizado este lunes una tensa declaración en el Tribunal Supremo. Citado en el marco de la instrucción del “caso Koldo”, Ábalos negó cualquier responsabilidad en los supuestos amaños de contratos de obras públicas ocurridos durante su etapa al frente del Ministerio. Con firmeza y en ocasiones con ironía, el exdirigente socialista se desmarcó de las conclusiones del demoledor informe de la Guardia Civil, que apunta a prácticas delictivas en la adjudicación de proyectos.
Ábalos llegó al alto tribunal decidido, en primera instancia, a acogerse a su derecho a no declarar. No obstante, tras la insistencia del magistrado instructor, Leopoldo Puente, y del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, accedió a responder a las preguntas formuladas. Frente a los hechos reconstruidos por la investigación, el exministro insistió en que desconocía por completo las irregularidades reflejadas en el informe policial y que, en su gestión, nunca intervino en los procesos de contratación.
Durante la sesión (que se prolongó durante hora y media), Ábalos mantuvo un discurso unitario: “Yo no he tenido nada que ver con estos contratos. Mi función no incluía detalle alguno de adjudicación” afirmó, para acto seguido rechazar la autoría de su voz en varios audios aportados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, grabados por su exasesor Koldo García. Según Ábalos, los cortes de sonido eran “incoherentes con cualquier conversación real” y barajó incluso la posibilidad de manipulación de las grabaciones.
Las acusaciones populares personadas (siete entidades representadas por el Partido Popular) solicitaron la imposición de prisión provisional sin fianza para Ábalos, al considerar que existe riesgo de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción se pronunció a favor de la continuidad de las medidas cautelares ya impuestas: comparecencias quincenales ante el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de abandonar el territorio nacional.
Más allá de estas medidas, el Ministerio Público sugirió (en caso de considerarlo necesario) la imposición de una fianza, cuyo importe no especificó, para reforzar las garantías de la causa. Mientras tanto, el magistrado Puente mantuvo a Ábalos retenido en la sede judicial a la espera de resolver las peticiones de las partes, lo que prolongó su estancia más allá de la sesión de preguntas.
En paralelo, Koldo García (investigado por los mismos hechos) compareció también ante el Supremo a las 12:00 horas. Sin embargo, García se acogió a su derecho a no declarar tras un nuevo cambio de defensa que, a juicio del instructor, obedece únicamente a la voluntad de dilatar el procedimiento. En una providencia previa, el magistrado Puente advirtió al investigado de las posibles “medidas cautelares de naturaleza personal” que se le podrían imponer en caso de incomparecencia futura, subrayando que no corresponde al investigado “organizar la agenda del tribunal”.
Además, en el día de hoy se dictó otra providencia en la que el juez rechaza la solicitud de personación como acusación particular del Gobierno de Navarra, dirigido por María Chivite. El Supremo consideró que el escrito presentado por el Ejecutivo foral carece de motivación suficiente: no especifica qué daños concretos habría sufrido la Comunidad ni a qué delitos se vincula la causa para amparar su condición de perjudicado.
El “caso Koldo” se adentra ahora en una fase decisiva: resueltas las vistas de medidas cautelares, el Tribunal Supremo debe determinar si abre juicio oral contra Ábalos y García por delitos que van desde la prevaricación y el fraude hasta la malversación. En las próximas semanas, la Sala Segunda valorará las pruebas —incluidos los polémicos audios— y decidirá si eleva el procedimiento a juicio, donde los exdirigentes socialistas se enfrentarían a duras acusaciones que pondrían en cuestión la transparencia de la contratación pública bajo su mandato.