El Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid ha iniciado diligencias contra la exmilitante del PSOE Leire Díez por un presunto delito de tráfico de influencias, tras la denuncia presentada por la Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC). La decisión judicial se basa en varios audios de WhatsApp en los que Díez (quien desempeñó cargos de responsabilidad en empresas públicas como Correos) ofrece supuestos “favores” a dos empresarios a cambio de información comprometedora contra miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía.
Fuentes judiciales, citadas por la agencia Europa Press, señalan que ASESGC advierte en su denuncia de que las conversaciones revelan el “objetivo claro” de Díez: conseguir datos incriminatorios sobre el teniente coronel Antonio Balas, responsable de investigaciones sensibles como el “caso Koldo” y pesquisas vinculadas a la familia del presidente Pedro Sánchez. A cambio, los empresarios Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn (ambos investigados en otras causas por presunto fraude ante la Audiencia Nacional) recibirían un trato de favor en sus procedimientos penales.
La denuncia no se cierne únicamente al tráfico de influencias y contempla la posibilidad de ampliar la investigación a los delitos de cohecho y obstrucción a la justicia, por el papel que habría desempeñado el abogado Jacobo Teijelo, defensor del exdirigente socialista Santos Cerdán. En su escrito, ASESGC solicita que se cite a declarar a los cuatro implicados y que el audio aportado sea remitido al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, a fin de verificar su integridad (que no existan cortes ni manipulaciones) e identificar las voces de forma fehaciente.
Para completar las pesquisas, los agentes piden además que el Juzgado obtenga la información personal de Díez y Pérez Dolset a través del Punto Neutro Judicial o, en su defecto, mediante oficio remitido a la Dirección General de la Guardia Civil. El objetivo declarado de la asociación es frenar lo que califica de “intento de socavar la independencia y credibilidad” de la UCO y, por extensión, de toda la Guardia Civil.
Este procedimiento marca la primera vez que un juez madrileño asume una causa abierta contra Leire Díez, aunque contra ella ya pesan querellas presentadas por organizaciones de extrema derecha como Hazte Oír y Manos Limpias, aún pendientes de resolución. Díez, reservada ante el escrutinio mediático, se enfrenta ahora al escrutinio judicial más relevante de su trayectoria política y profesional, tras abandonar en 2021 sus cargos en el PSOE y en las empresas públicas.
La apertura de diligencias coincide con un momento de gran sensibilidad para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, inmersos en investigaciones de alto perfil y bajo presión mediática. La UCO, en particular, ha tenido un protagonismo creciente en casos de corrupción y terrorismo, lo que eleva la tensión en torno a cualquier acusación que ponga en duda su imparcialidad. El caso de Leire Díez, por tanto, no solo redefine su futuro personal, sino que plantea un pulso sobre los límites entre la actividad política, el ejercicio de la abogacía y la influencia en los procesos judiciales. La investigación se perfila como piedra de toque del equilibrio entre los poderes públicos y la protección de los derechos fundamentales de investigados y víctimas por igual.