El abogado de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha solicitado al juez Peinado que instruye la investigación en su contra que posponga la declaración prevista para el próximo 11 de septiembre, alegando un conflicto de agenda. En un escrito remitido el 21 de agosto al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, el exministro socialista Antonio Camacho explicó que ese mismo día debe comparecer en una vista ya señalada en un tribunal de Arona, en Tenerife. Para sostener su petición, adjuntó la citación oficial que lo obliga a estar presente en la isla a las diez y media de la mañana, lo que, según argumenta, le impide asistir a la comparecencia de su defendida en Madrid.
La citación de Gómez responde a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de imputarle un presunto delito de malversación vinculado con la contratación de Cristina Álvarez como asesora personal en el Palacio de la Moncloa. La medida se produjo después de que la Audiencia Provincial de Madrid instara a centrar la investigación y a delimitar con claridad los posibles delitos y los indicios de responsabilidad que se le atribuyen a la esposa del presidente.
Hasta ahora, Gómez había figurado como investigada en relación con otros posibles ilícitos, entre ellos tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo, todos ellos enmarcados en una investigación más amplia que abarca desde su relación con el empresario Jaime Barrabés hasta su papel en la Universidad Complutense, donde codirigía una cátedra y dos programas de posgrado. También forma parte del caso la supuesta apropiación indebida del software desarrollado en ese entorno académico y el nombramiento de Álvarez como asesora en la sede del Ejecutivo.
La incorporación del delito de malversación supone un giro en la instrucción. En mayo, cuando imputó al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por la contratación de Álvarez, el propio juez Peinado había descartado investigar por esa vía a Gómez y a la asesora, al considerar que ninguna de las dos había tenido responsabilidad directa en el nombramiento. La decisión actual, en cambio, abre un nuevo frente judicial para la esposa del presidente, cuyo futuro procesal dependerá de cómo los tribunales interpreten su papel en ese episodio.
El caso ha adquirido desde el inicio un fuerte componente político. Para la oposición, especialmente el Partido Popular y Vox, la investigación es una prueba de que el entorno de Sánchez se ha beneficiado de privilegios indebidos y de que el Ejecutivo actúa sin transparencia. El Gobierno, por su parte, denuncia una campaña de acoso judicial y mediático, dirigida a erosionar la figura del presidente a través de su esposa. La imputación por malversación, más allá de su recorrido judicial, refuerza ese clima de polarización en el que cualquier novedad es rápidamente utilizada como munición política.
La defensa de Gómez insiste en que las acusaciones carecen de fundamento y confía en que los tribunales lo reconozcan. Mientras tanto, la solicitud de aplazamiento de su declaración podría retrasar varias semanas un proceso que, por sí mismo, ya avanza con lentitud. En un otoño marcado por la inestabilidad política y la presión parlamentaria sobre el Gobierno, el caso de Begoña Gómez mantiene al Ejecutivo bajo una atención constante que trasciende los despachos judiciales y se proyecta directamente sobre el debate público en España.