Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, dirigido por el magistrado Juan Carlos PeinadoJuan Carlos Peinado. La comparecencia, programada para las 10:00 horas, había generado una gran expectación mediática y política debido a la investigación en curso sobre presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios que involucran a Gómez. A pesar de la tensión y la atención pública, Gómez llegó al juzgado de manera discreta, accediendo al edificio a través del garaje para evitar a los periodistas.
Derecho a guardar silencio
“Mi clienta no ha declarado, no porque tenga algo que esconder, no porque no quiera dar explicaciones, sino porque esta defensa le ha recomendado que no declare”, explicó su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, al salir del juzgado. Camacho criticó la falta de claridad en la instrucción del juez Peinado, argumentando que el magistrado ha llevado a cabo una investigación "expansiva" que supera los límites establecidos por la Audiencia Provincial de Madrid. Esta opinión es compartida por la Fiscalía, que también ha cuestionado la amplitud de la investigación.
Antecedentes de la investigación
Las pesquisas contra Begoña Gómez comenzaron el 16 de abril, cuando el juez Peinado abrió diligencias tras recibir una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias. Desde entonces, la investigación ha examinado la relación de Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés, sus vínculos con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y su conexión con Javier Hidalgo, exconsejero delegado de Globalia, grupo propietario de Air Europa, compañía que fue rescatada por el Consejo de Ministros en 2020.
Informes y falta de pruebas
Hasta la fecha, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha elaborado dos informes sobre el caso, ninguno de los cuales ha encontrado irregularidades. La Audiencia de Madrid, tras analizar la denuncia inicial, calificó el asunto de Globalia como una “simple conjetura”, aunque permitió que el juez siguiera investigando otros aspectos de la denuncia relacionados con los contratos de Barrabés. Adicionalmente, un informe reciente de la UCM no ha alcanzado ninguna "conclusión definitiva" sobre supuestas irregularidades, aunque ha indicado la necesidad de actuar como acusación si se detectara algún perjuicio económico para la universidad.
El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha calificado de “sorprendentes” algunas afirmaciones del informe de la UCM, especialmente aquellas que sugieren que la universidad no estaba al tanto de ciertos registros de marcas y empresas. Camacho aseguró que la UCM siempre tuvo conocimiento del registro de estos nombres y presentó correos electrónicos como prueba de ello. Según él, estos correos demuestran que la universidad sabía del registro e incluso proporcionó instrucciones sobre cómo y dónde debía realizarse.
Protestas
La comparecencia de Begoña Gómez no estuvo exenta de incidentes. Un grupo de manifestantes, convocados por la organización ultracatólica Hazte Oír, se congregó a las puertas del juzgado con lemas como "ya no le quedan excusas, Begoña tendrá que responder" y "yo senté a Begoña en el banquillo". Además, varios ultras lograron colarse en el edificio judicial y llegaron hasta la planta sexta, donde se iba a producir la declaración, antes de ser expulsados por el servicio de seguridad.
La situación judicial de Begoña Gómez ha generado una gran controversia política, siendo utilizada por la oposición para atacar al presidente Pedro Sánchez. La investigación en curso ha avivado las tensiones en un momento políticamente delicado, con la oposición insistiendo en la necesidad de transparencia y rendición de cuentas.
La opinión pública sigue de cerca el desarrollo de este caso, que no solo involucra a la esposa del presidente, sino que también pone en juego la percepción de integridad y transparencia del gobierno actual. La falta de claridad en la investigación y las críticas a su amplitud han generado debates sobre los límites de las investigaciones judiciales y el derecho a la defensa.