La Comisión Europea ha decidido romper su hasta ahora discreto silencio sobre la controvertida ley de amnistía aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez para cumplir con las exigencias de los independentistas catalanes. En un escrito remitido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), los servicios jurídicos comunitarios cuestionan que la norma responda al “interés general” que exige el Derecho europeo y alertan de que su verdadera finalidad habría sido “blindar” a quienes la promovieron en el Parlamento: los votos de los beneficiarios fueron, de hecho, “fundamentales” para salir adelante con la investidura del Ejecutivo socialista.
La ley de amnistía persigue exonerar de responsabilidad penal a los políticos y activistas implicados en el proceso independentista catalán de 2017 y en las movilizaciones previas al referéndum ilegal del 1-O. Para Europa, sin embargo, esa génesis la convierte en una norma de “autoamnistía”: un acuerdo político que otorga impunidad a sus propios artífices a cambio de su apoyo parlamentario, y que, por tanto, rompe los principios de seguridad jurídica e igualdad ante la ley recogidos en el Derecho de la Unión.
En sus observaciones al TJUE, la Comisión deja claro que, aunque no identifica un perjuicio directo a los intereses financieros de la Unión, tampoco ve un vínculo “suficiente” entre las actuaciones declaradas ilegales (secesión y malversación de fondos) y la protección del presupuesto comunitario. Ese análisis queda, en última instancia, en manos del órgano jurisdiccional español, que deberá calibrar si las particularidades del caso podrían demostrar tal conexión.
Más allá de ese punto, Bruselas reprocha a la norma española su falta de precisión: no define con claridad ni el alcance material ni el temporal de la amnistía, ni permite un debate jurisdiccional contradictorio, tal y como recomendó la Comisión de Venecia. El plazo imperativo de dos meses para que los tribunales decidan sobre la amnistía, según los servicios comunitarios, resulta “excesivamente corto” e impide adoptar las medidas procesales necesarias, como la práctica de diligencias o la comparecencia de testigos.
Con estas críticas, la Comisión rescata una vieja advertencia: las autoamnistías, o leyes que otorgan inmunidad a quien detenta el poder, son contrarias al Estado de Derecho. “Si conceder amnistía para garantizar la impunidad del Gobierno es contrario a los principios comunitarios, el mismo criterio debe aplicarse cuando se amnistía a los socios parlamentarios a cambio de su respaldo”, reza el documento.
La ofensiva de Bruselas llega en pleno proceso de cuestionamiento por parte del Tribunal de Cuentas, que ha planteado varias cuestiones prejudiciales al TJUE para dilucidar si el desvío de fondos públicos para financiar la acción exterior del procés afecta al presupuesto de la UE. Además de la demanda del Tribunal de Cuentas, el Alto Tribunal europeo tiene pendientes otros tres procedimientos vinculados a instancias españolas: uno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, otro de la Audiencia Nacional y un tercero del Juzgado Penal número 3 de Vilanova i la Geltrú. La primera vista para examinar dos de esos casos se celebrará el próximo 15 de julio en Luxemburgo.
Hasta la fecha, la Comisión había evitado posicionarse, en parte por la promesa de Didier Reynders, excomisario de Justicia, de emitir un dictamen tras recibir las quejas de la oposición y de colectivos judiciales. Sin embargo, fuentes comunitarias justificaron entonces que la amnistía eludía el ‘lawfare’ y preservaba los fondos europeos, por lo que no parecía haber motivo para intervenir. Hoy, esas consideraciones han quedado superadas por la convicción de que la norma podría comprometer los estándares básicos del Estado de Derecho en la Unión.
La reacción de Bruselas añade complejidad al pulso político interno en España. El Gobierno de Sánchez logró el respaldo de ERC y Junts mediante la aprobación de la amnistía, pero ahora deberá hacer frente a un dictamen europeo que, aunque no anule directamente la ley, sí desacredita su articulación jurídica y pone en entredicho su legitimidad. El siguiente paso corresponderá al TJUE, cuya resolución marcará un antes y un después en la tutela de los valores democráticos en la UE y en el grado de autonomía legislativa de los Estados miembros frente al Derecho comunitario.