La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado al Banco Santander a abonar 4.587,98 euros más intereses a una clienta, cantidad que le fue sustraída de manera fraudulenta.
La sentencia relata probado que la perjudicada recibió dos emails identificados como Banco Santander que informaban de una serie de problemas en su cuenta bancaria, por lo que se había bloqueado temporalmente. También facilitaban un enlace en el que debía introducir sus datos para poder verificar su identidad. La mujer, confiando en la información facilitada (fue en la época del confinamiento a causa del Covid), accedió y entró en una web idéntica a la de la entidad. Posteriormente recibió varios mensajes de texto en móvil advirtiéndole de un cambio en el teléfono asociado a la cuenta y, acto seguido, al entrar en su aplicación de banca online, observó que se habían realizado a favor de un portal de envío de dinero dos cargos de 2.292,99 euros. Tras ponerse en contacto con el servicio de Atención al Cliente, se personó en la sucursal y denunció los hechos.
La entidad financiera solicitó que se rechazara la demanda acusando a su clienta haber actuado de manera negligente e incumpliendo el deber de cuidado y custodia de las claves de seguridad.
Los magistrados citan la Directiva 2015/2036 cuando indican que la negligencia que le hace responder al cliente es la que se deriva de una conducta caracterizada por un grado significativo de falta de diligencia, no como consecuencia del engaño inducido por un delincuente profesional.
“El comportamiento admitido por la parte actora -afirma la sentencia- haber cliqueado el link incorporado al correo electrónico que recibió en la creencia de que se lo remitía Banco Santander y posterior introducción de sus datos y clave de acceso, no puede considerarse una negligencia grave porque son muchos los que, ante idénticas circunstancias han obrado de la misma forma”.
Y continúa el tribunal que la perjudicada no fue la que proporcionó el segundo código de autenticación con el que se realizaron las transacciones bancarias sino el defraudador que previamente había sustituido el terminal asociado a la cuenta. “Por ello, se puede afirmar que los cargos sucesivos por importes relativamente elevados llevados a cabo por el defraudador no eran habituales en la operativa de la demandante, por lo que se evidencia la falta de medidas de seguridad de los sistemas de detección de fraude en la fecha en la que sucedieron los hechos o, como mínimo, el fallo de las medidas implementadas a tal fin”, concluye.
Justicia británica no es como la española
Banco Santander deberá desembolsar 590,5 millones de euros a la aseguradora AXA como consecuencia de una sentencia emitida por un tribunal británico, que pone fin —al menos por ahora— a un prolongado conflicto judicial sobre la responsabilidad en el escándalo de los seguros de protección de pagos (PPI) en Reino Unido.
La sentencia supone un revés significativo para el banco español, presidido por Ana Botín, que prevé recurrir la decisión. La resolución del tribunal le obliga a abonar a AXA 515,5 millones de libras (equivalentes a los citados 590,5 millones de euros), aunque podrá descontar 7 millones de euros gracias a un acuerdo previo.
El litigio tiene su origen en 2017, cuando Santander y AXA comenzaron a discrepar sobre quién debía asumir las indemnizaciones relacionadas con una cartera de seguros PPI contratados en Reino Unido antes de 2005. Estos seguros, muy extendidos durante los años previos a la crisis financiera, fueron posteriormente objeto de una avalancha de reclamaciones por parte de los clientes, al descubrirse que en muchos casos fueron vendidos de forma indebida o sin informar correctamente.
En concreto, las pólizas bajo disputa habían sido suscritas antes de 2005 por AXA France, entidad que AXA adquirió en 2015 a la compañía estadounidense Genworth Financial. La aseguradora alegó que el acuerdo posterior con Santander implicaba que el banco asumiría las reclamaciones de indemnización relacionadas con estos productos.
Inicialmente, las partes llegaron a un entendimiento: Santander tramitaba las reclamaciones en nombre de AXA y asumía los pagos, en lo que se consideró una solución práctica para gestionar la avalancha de quejas. Sin embargo, el pacto expiró en 2020, momento en el cual AXA notificó la finalización de la moratoria incluida en el acuerdo y exigió el reembolso de las pérdidas acumuladas.
En una primera estimación, AXA reclamó a Santander 670 millones de libras (unos 767 millones de euros, al tipo de cambio actual), más intereses. No obstante, en 2023, la aseguradora redujo su demanda a 552 millones de libras (aproximadamente 630 millones de euros), con el objetivo de facilitar una resolución judicial más ágil.
Santander, por su parte, rechazó la reclamación de forma íntegra, alegando que no era responsable de las pólizas suscritas antes de su participación directa en la gestión del portafolio.
Tras varios años de batalla legal, el tribunal británico ha fallado a favor de AXA. La cifra final a pagar —515,5 millones de libras— se desglosa en 517 millones de euros de una primera reclamación, 80,75 millones de euros de una segunda demanda, y un descuento de 7 millones de euros derivado de un acuerdo parcial alcanzado previamente entre las partes.
El fallo representa un duro golpe financiero para el Santander, aunque la entidad ha anunciado que apelará la sentencia, lo que podría demorar aún más el desenlace definitivo del caso.
Los seguros de protección de pagos (PPI, por sus siglas en inglés) fueron ampliamente comercializados en Reino Unido durante las décadas de 1990 y 2000. Su función teórica era cubrir los pagos de préstamos o tarjetas de crédito en caso de enfermedad, desempleo o fallecimiento del titular.
Sin embargo, millones de consumidores fueron inducidos a contratarlos sin saberlo o sin cumplir los requisitos para beneficiarse de ellos. En 2011, las autoridades británicas abrieron una investigación que acabó con un escándalo masivo: las entidades financieras tuvieron que reembolsar más de 50.000 millones de libras en total.
El caso ha sido uno de los mayores escándalos financieros en la historia moderna del Reino Unido, y ha arrastrado durante años a bancos, aseguradoras e intermediarios. El episodio es considerado un referente sobre cómo una mala práctica comercial sistémica puede derivar en un desastre financiero de proporciones colosales.
Aunque Santander afirma que ya ha provisionado parte del importe, los analistas del sector consideran que la entidad tendrá que reforzar su colchón de litigios. La cifra de casi 600 millones de euros, aunque asumible para un grupo de su tamaño, no es menor en un contexto de endurecimiento monetario y creciente competencia en el sector bancario europeo.
La decisión judicial llega además en un momento clave para la entidad, que en los últimos años ha apostado por expandirse en Reino Unido —uno de sus principales mercados— a través de su filial Santander UK con la compra, por ejemplo de TSB a Banco Sabadell.