El que fuera ministro de Hacienda durante los gobiernos de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, ha sido imputado junto a su antiguo equipo por el juez instructor del caso, Rubén Rus, en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona. La acusación: liderar una estructura organizada desde el propio Ministerio para modificar leyes y reglamentos a la carta a cambio de dinero.
En total, hay 28 personas investigadas, entre ex altos cargos del Gobierno y socios del antiguo despacho fundado por Montoro, “Equipo Económico”, rebautizado ahora como “Global Afteli”. Además, se imputan seis personas jurídicas, entre ellas algunas de las principales empresas gasistas del país.
Según el auto judicial, se trata de una presunta red de tráfico de influencias que habría funcionado entre 2011 y 2019. Las empresas interesadas en reformas legales acudían a este despacho para obtenerlas previo pago. El mecanismo, según el juez, consistía en que Equipo Económico usaba su influencia directa en el Ministerio para colar cambios normativos que favorecían a estas compañías, especialmente en el sector del gas industrial.
Del despacho al BOE: una red con nombres propios
Entre los nombres señalados se encuentran algunos de los principales colaboradores de Montoro durante su etapa ministerial: Miguel Ferré (exsecretario de Estado), Pilar Platero (exsubsecretaria de Presupuestos), Diego Martín-Abril (exdirector general de Tributos) y Santiago Menéndez (exdirector de la Agencia Tributaria), entre otros.
También están imputados los antiguos socios del despacho de Montoro, como Ricardo Martínez Rico o Manuel de Vicente Tutor. Según el juez, muchos de los cargos nombrados por el exministro habían estado previamente vinculados al bufete, lo que facilitaba el acceso directo a quienes querían “tramitar” reformas legales.
La investigación comenzó en 2018 a raíz de un correo electrónico localizado en otra causa. Desde entonces, tanto la Guardia Civil como los Mossos d’Esquadra han investigado los pagos realizados por las empresas gasistas a cambio de normativas favorables. Entre ellas figuran Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair, Carburos Metálicos y la asociación AFGIM.
Siete delitos y casi 800.000 euros en juego
El juez imputa a los investigados por siete presuntos delitos: cohecho, prevaricación, fraude a la administración pública, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
La clave, según el magistrado, está en los pagos realizados por estas empresas al despacho Equipo Económico, que ascendieron a casi 780.000 euros en ocho años. En muchos casos, los informes técnicos necesarios para justificar los cambios legislativos ni siquiera los elaboraba el propio bufete, sino consultoras externas como EY. Aun así, Equipo Económico cobraba tarifas hasta diez veces superiores a las de estas consultoras.
Una puerta giratoria convertida en peaje legal
Lo que diferencia este caso de un mero ejercicio de lobby es la implicación directa de altos cargos públicos en el proceso legislativo. El juez señala que Montoro usó sus facultades como ministro para asegurar que las reformas se tramitaban conforme a los intereses de las empresas clientes del despacho que él mismo fundó.
Además, los cargos del Ministerio encargados de redactar los textos legislativos eran personas nombradas directamente por él y con vínculos previos al bufete. Esto, en palabras del juez, convertía al Ministerio en una oficina al servicio de intereses privados.
Montoro dejó de formar parte oficialmente de Equipo Económico en 2008, pero siguió en contacto con sus antiguos socios y, según la investigación, habría mantenido una relación activa para facilitar las gestiones solicitadas por las empresas.
¿Corrupción o lobby encubierto?
La línea entre influencia política y corrupción queda difuminada en este caso. Según los correos intervenidos, las reformas no se producían hasta que las empresas acudían a Equipo Económico. Sin esa intermediación, los cambios legales no avanzaban.
Esta investigación pone en cuestión no solo la actuación individual del exministro, sino un modelo de puerta giratoria institucionalizada. El auto judicial subraya que la presunta red no solo usó la administración pública como medio para enriquecerse, sino que lo hizo dañando el interés general y erosionando la confianza ciudadana en las instituciones.
La causa sigue abierta y los imputados aún no han sido juzgados, pero los indicios apuntan a un uso sistemático del poder político para alterar las normas en beneficio de unos pocos. El proceso judicial determinará si lo que se vendía no era asesoría, sino directamente el acceso al BOE.