Isabel Díaz Ayuso vuelve a estar en el centro de la polémica por la gestión de la pandemia. La Comunidad de Madrid enfrenta una demanda de 4,5 millones de euros por el impago de un pedido de mascarillas y trajes de protección realizado en 2020. La empresa Care Quality Service Health SL (CQSH) asegura que tras ser contratada por el Gobierno regional para suministrar material sanitario, la administración de Ayuso incumplió el acuerdo, dejando a los empresarios al borde de la ruina.
Según información de la Cadena SER, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)investiga este caso, que implica directamente a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y al exconsejero de Sanidad y actual senador del PP, Enrique Ruiz Escudero. Los empresarios afectados alegan que, tras firmar el contrato y comprar la mercancía en China, fueron excluidos del transporte prometido en aviones fletados por la Comunidad. A pesar de este obstáculo, lograron entregar el material en el hospital de IFEMA, pero el pago nunca llegó.
Contrato firmado y mercancía entregada
CQSH fue contactada por el director general del proceso integrado de salud, Manuel de la Puente, debido a su experiencia previa con el Hospital Ramón y Cajal. El 26 de marzo de 2020, se formalizó un acuerdo para el suministro de 204.000 mascarillas FFP2, 50.000 FFP3 y 100.000 trajes de protección por un importe de 5,6 millones de euros. La Comunidad de Madrid se comprometió a transportar el material desde China, pero al llegar los productos al aeropuerto de Shanghái, la empresa contratada por el Gobierno madrileño, “Oscar Leyva”, negó el embarque alegando falta de autorización.
Ante esta situación, los empresarios se vieron obligados a buscar transporte alternativo, costeando de su propio bolsillo el flete de cuatro aviones y un almacén temporal en China. La mercancía llegó a Madrid el 30 de abril de 2020 y fue entregada en IFEMA sin objeción alguna. Sin embargo, la Comunidad de Madrid nunca efectuó el pago, a pesar de haber utilizado el material en plena crisis sanitaria.
Una deuda que arrastra consecuencias judiciales
Los empresarios intentaron resolver el conflicto contactando directamente con Enrique Ruiz Escudero y enviando un burofax a Isabel Díaz Ayuso, pero solo obtuvieron respuestas vacías. La desesperación llevó a CQSH a vender parte del material a Iberdrola y a la Fundación del Real Madrid para cubrir los gastos inmediatos, mientras que el resto fue entregado según lo pactado.
La Comunidad de Madrid defiende que el acuerdo firmado era un "prepedido" posteriormente anulado, argumento desmentido por los documentos aportados por CQSH, que incluyen el contrato firmado y la retención de crédito. La empresa reclama ahora 4,5 millones de euros: 2,8 millones por las facturas impagadas, 1,3 millones por daños y perjuicios y cerca de 300.000 euros por intereses de demora.
La gestión de Ayuso bajo la lupa
Este caso refleja el caos y la opacidad en la gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Ayuso. Mientras se denunciaba la falta de material sanitario en los hospitales madrileños, miles de mascarillas permanecían varadas en China. Además, la Comunidad de Madrid justificó la cancelación del contrato con CQSH alegando mejores precios de otros proveedores, pese a que en otros acuerdos se pagaron precios inflados por encima de los ofertados por CQSH.
La relación de la empresa demandante con la familia Ayuso también levanta sospechas. El empresario había trabajado anteriormente con Tomás Díaz Ayuso en la empresa familiar MC Infortecnica, que debe más de 544.000 euros a Avalmadrid. Este entramado refuerza la percepción de gestión clientelar y falta de transparencia en la administración de Isabel Díaz Ayuso.
La sombra de la corrupción y la impunidad
La falta de explicaciones por parte de la Comunidad de Madrid y la implicación de altos cargos como Enrique Ruiz Escudero agravan la situación. Las justificaciones del Gobierno autonómico resultan insuficientes ante las pruebas presentadas, que demuestran un compromiso contractual incumplido. La opacidad y la falta de responsabilidad dejan entrever una preocupante gestión de fondos públicos.
Este nuevo escándalo cuestiona la credibilidad de Ayuso y su capacidad para gestionar situaciones críticas. La presidenta madrileña ha intentado desmarcarse del asunto alegando que está judicializado, pero el impacto de este conflicto revela una gestión negligente y poco transparente durante la pandemia.
La justicia debe esclarecer si la Comunidad de Madrid incurrió en estafa al apropiarse del material sin pagar. La posible condena podría suponer un duro golpe para la credibilidad de Ayuso y del Partido Popular en Madrid. Además, este caso se suma a otros escándalos de corrupción y mala gestión que salpican a la presidenta madrileña.
La demanda de CQSH y el lento avance del proceso judicial evidencian también la saturación del sistema judicial madrileño, un factor que podría jugar a favor de la Comunidad de Madrid para dilatar el pago.
El caso está en manos de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, que debe dictar sentencia. De ser favorable a los empresarios, el importe podría superar los cinco millones de euros, afectando directamente a las arcas públicas madrileñas.
Este escándalo demuestra que la gestión de la pandemia por parte de Isabel Díaz Ayuso estuvo marcada por la improvisación, la falta de transparencia y posibles irregularidades que ahora exigen respuestas contundentes y responsabilidades claras.