La investigación judicial que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, da un nuevo giro. El juez Juan Carlos Peinado ha dictado un auto en el que cita a declarar como investigadas tanto a Gómez como a su asistente personal, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de fondos públicos.
Las comparecencias están fijadas para los próximos 10 y 11 de septiembre. Se trata de la primera vez que ambas serán interrogadas por esta vía en el marco de las pesquisas que el magistrado instruye desde enero.
Los correos electrónicos bajo sospecha
La línea de investigación se centra en dos correos electrónicos enviados en noviembre de 2021 por Álvarez en nombre de Gómez a directivas de la aseguradora Reale, entidad que financiaba una cátedra vinculada a la Universidad Complutense y dirigida por la esposa de Sánchez.
Según el juez, esos mensajes podrían haber excedido las funciones propias del cargo público de la asistente, convirtiéndose en un “indebido soporte” de actividades privadas. La Audiencia de Madrid avaló en junio esta interpretación, al considerar que pudo existir “una clara y palmaria desviación de las labores de un funcionario público”.
Imputaciones previas y acusaciones
Begoña Gómez ya figuraba en la causa como imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida en las distintas ramificaciones del caso. Ahora se añade la malversación, que se investiga en paralelo.
El procedimiento se apoya en una querella presentada por Vox en diciembre pasado y actualmente impulsada por la organización ultracatólica HazteOír, que ejerce la acusación popular. La formación de extrema derecha sostiene que el mero envío de los correos electrónicos basta para sostener la imputación de Gómez, su asistente y otros cargos públicos.
Choques con el Supremo
El juez Peinado ya protagonizó un enfrentamiento con el Tribunal Supremo en julio, cuando intentó imputar al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por presunta participación en la contratación de la asistente de Gómez. La Sala de lo Penal rechazó tajantemente la petición, reprochándole una “absoluta ausencia de pruebas” y una exposición “desprovista de rigor”, además de no haber consultado previamente a la Fiscalía.
Contexto político y judicial
La causa contra Begoña Gómez se ha convertido en un asunto de enorme calado político, con la oposición utilizando cada avance judicial como argumento contra Pedro Sánchez y el Gobierno cuestionando la solidez de las acusaciones.
El juez Peinado, amparado ahora por el aval parcial de la Audiencia Provincial, mantiene abiertas varias líneas de investigación que giran en torno a la actividad académica y profesional de Gómez, sus vínculos con empresas privadas y el papel de funcionarios en su entorno inmediato.
El próximo mes de septiembre, las declaraciones de Gómez y Álvarez marcarán un punto de inflexión en un procedimiento que combina ingredientes judiciales, políticos y mediáticos, y que amenaza con prolongarse durante meses.