El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, remitió al Tribunal Supremo una exposición razonada en la que solicita investigar al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y de falso testimonio en el marco del denominado “caso Begoña Gómez”. En su escrito, Peinado argumenta que existen indicios de responsabilidad penal en la contratación de Cristina Álvarez como asesora de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, bajo la condición de personal eventual con el título de directora de Programas, pese a que sus tareas habrían sido de carácter estrictamente privado y ajenas a cualquier actividad protocolaria o pública, toda vez que percibía retribuciones con cargo al erario público.
El instructor recuerda que, al prestar declaración bajo juramento el 16 de abril de este año, Bolaños habría presuntamente incurrido en contradicciones al negar conocer los pormenores del nombramiento y las funciones de Álvarez. Esa falta de veracidad en su testimonio, sostiene el magistrado, podría encajar en el delito de falso testimonio. Asimismo, al autorizar la percepción de un salario con fondos públicos por actividades de carácter privado, entra en juego la posible comisión de un delito de malversación de caudales públicos.
Al tratarse de un miembro del Consejo de Ministros —y, por tanto, aforado—, Peinado remite la exposición razonada a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que deberá decidir si admite a trámite la investigación y cita a Félix Bolaños para nuevas diligencias. En caso de que el alto tribunal acepte la competencia, la causa se abrirá formalmente contra el ministro, con la intervención preceptiva de la Fiscalía y la posibilidad de que los grupos parlamentarios se personen.
Políticamente, la iniciativa judicial añade presión al Gobierno de Pedro Sánchez en un momento delicado, tras la investigación que ya afecta a la primera dama por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción. La pieza separada sobre Bolaños coincide con el avance de otras líneas de investigación sobre contrataciones y uso de software universitario, y eleva la tensión entre los socios del Ejecutivo, que insisten en la presunción de inocencia, y la oposición, que exige explicaciones y transparencia.
El Supremo dispone ahora de un plazo breve para resolver si asume la investigación. De rechazarla, el caso regresaría al Juzgado de Instrucción 41, que proseguiría con las pesquisas sobre el resto de imputados y piezas del sumario. En cualquier escenario, la decisión marcará el pulso político y judicial de un proceso que ha puesto bajo lupa el funcionamiento interno de Moncloa y la actividad de quienes ejercen la máxima responsabilidad en el Gobierno.