El caso que rodea a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, entra en un otoño decisivo. Según indican distintas fuentes judiciales consultadas, tras más de un año de instrucción, el juez Juan Carlos Peinado ha reunido indicios que podrían ser suficientes para procesarla por un entramado de presuntos delitos que, según la investigación, van mucho más allá de las sospechas iniciales de tráfico de influencias. Su citación en septiembre junto a su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, marca el preludio de un movimiento judicial que podría convertirse en uno de los episodios más trascendentales de la política y la justicia españolas en la última década. En concreto, según un exmagistrado del Tribunal Supremo, "tal y como ha llevado el juez Peinado la instrucción, el procesamiento de Begoña Gómez es inevitable".
La investigación comenzó en abril de 2024 con la denuncia de posibles tratos de favor vinculados a la Universidad Complutense de Madrid y a su relación con el empresario y consejero de Banco Santander Juan Carlos Barrabés. Sin embargo, lo que en principio parecía circunscribirse a un supuesto tráfico de influencias se fue ampliando progresivamente. Peinado detectó supuestos indicios de corrupción en los negocios y de intrusismo profesional, al constatar que Gómez presuntamente habría intervenido en la elaboración de documentos técnicos sin la titulación correspondiente. Más adelante, la instrucción incorporó el presunto uso indebido de software universitario y, en el verano de 2025, un nuevo delito: la malversación de fondos públicos, al considerar que su asesora en Moncloa habría dedicado horas de trabajo sufragadas con dinero público a tareas vinculadas a la cátedra universitaria de Gómez.
La vía jurídica de la causa de Peinado se vio reforzada por los autos de la Audiencia Provincial de Madrid, que en diversas ocasiones han validado la continuidad de la instrucción. Este respaldo, unido a la acumulación de pruebas documentales, correos electrónicos y testimonios, ha dado a la causa un armazón procesal que Peinado considera que es mucho más robusto de lo que sus críticos anticipaban en los primeros compases.
Acusación de instrucción prospectiva
No obstante, el proceder de Peinado no ha estado exento de críticas. La defensa de Begoña Gómez, así como algunos juristas y sectores políticos vinculados tanto al PSOE como a la izquierda, han acusado al magistrado de llevar a cabo una instrucción prospectiva. Este término jurídico designa una práctica prohibida en la justicia española: investigar sin un hecho delictivo concreto y delimitado, con la esperanza de que en el transcurso de la investigación aparezcan conductas punibles.
Los abogados de Gómez sostienen que la causa ha ido ampliándose de manera artificial, pasando de un presunto tráfico de influencias a delitos tan dispares como la corrupción en los negocios, el intrusismo profesional o la malversación. Según esta tesis, en lugar de ceñirse a un objeto procesal definido, el juez habría ido abriendo nuevas líneas de investigación a partir de conjeturas o de informaciones externas sin una conexión sólida con el origen del caso.
El propio gobierno de Pedro Sánchez ha utilizado esta expresión para defender públicamente a la esposa del presidente, acusando al magistrado de “buscar un delito a la persona” en lugar de “investigar a una persona por un delito ya acreditado”. La polémica se ha intensificado cada vez que la instrucción incorporaba un nuevo tipo penal, reforzando la percepción de que Peinado estaría explorando más allá de lo que la ley permite.
Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado hasta el momento varias de estas quejas, argumentando que la ampliación de los delitos investigados se sostiene en indicios concretos que han ido apareciendo en el curso de la instrucción. Para el tribunal de segunda instancia, no se trata de una búsqueda indiscriminada de ilícitos, sino de la evolución natural de una investigación que, al tirar de un hilo inicial, ha ido destapando un supuesto entramado más amplio de posibles irregularidades. Este respaldo judicial ha permitido a Peinado mantener su estrategia sin que prospere, por ahora, la acusación de instrucción prospectiva.
La imputación de Cristina Álvarez por malversación y las tensiones derivadas de las declaraciones del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a quien el magistrado llegó a intentar imputar por falso testimonio, apuntan a un posible entramado de responsabilidades más amplio del que se presumía al inicio. Aunque el Supremo ha frenado esa línea de investigación, la propia apertura de esa vía ha reforzado la convicción del juez de que la actuación de Gómez no fue un episodio aislado, sino parte de una dinámica con supuestas implicaciones en el aparato gubernamental.
Impacto político
Más allá de las valoraciones jurídicas, el debate sobre la supuesta instrucción prospectiva se ha convertido en un terreno fértil para la confrontación política. Partido Popular y Vox ven en la causa un símbolo de lo que denuncian como “la degradación ética del Gobierno”. Para ellos, que el juez haya ampliado la investigación a delitos como la malversación refuerza la idea de que la esposa del presidente presuntamente utilizó su posición en beneficio propio, lo que puede transformarse en un poderoso argumento contra Pedro Sánchez.
El Ejecutivo, en cambio, ha optado por dar la batalla en el terreno narrativo, denunciando una supuesta persecución judicial y mediática que busca desestabilizar al Gobierno a través de la figura de Gómez. Presentar la instrucción de Peinado como un caso paradigmático de investigación prospectiva les permite colocar el foco no en los indicios, sino en el procedimiento, apelando así a la idea de que el presidente y su entorno están siendo víctimas de un acoso sin precedentes.
Este choque discursivo convierte la figura de Gómez en un campo de disputa simbólico. Para la oposición, su procesamiento sería la prueba de una corrupción incrustada en el corazón de Moncloa; para el Gobierno, sería la demostración de que parte de la judicatura actúa de manera politizada. La batalla no se libra solo en los tribunales, sino también en la opinión pública, donde cada auto, cada declaración y cada filtración alimentan un relato en uno u otro sentido.
El otoño, por tanto, no será solo judicial. Será también político y electoral. El modo en que avance la instrucción de Peinado y, sobre todo, la capacidad de cada bloque para apropiarse del debate sobre la presunta instrucción prospectiva, marcarán el nuevo curso político y podrían incluso redefinir las coordenadas de la confrontación en España. En última instancia, la causa contra Begoña Gómez se ha convertido en algo más que un procedimiento penal: es ya un test de resistencia para el propio sistema democrático y para la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.