El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha solicitado al Tribunal Supremo que investigue al eurodiputado Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise, por presuntos delitos de financiación ilegal y falseamiento de cuentas electorales. La petición se produce tras destaparse que el político habría recibido 100.000 euros en efectivo de Álvaro Romillo, un empresario del sector de las criptomonedas, para financiar su campaña a las elecciones europeas de 2024.
Donaciones opacas y conexiones peligrosas
El auto del magistrado describe una presunta trama que mezcla política, criptomonedas y una supuesta intención de esquivar cualquier control fiscal. Según el juez, Alvise solicitó a Romillo que creara un monedero virtual destinado a recibir donaciones anónimas fuera de todo control público. Estas contribuciones, asegura el juez, habrían servido para sufragar su campaña bajo la agrupación “Se acabó la Fiesta” (SALF).
El empresario, actualmente investigado por una presunta estafa a través de su plataforma Madeira Invest Club, habría accedido a entregar el dinero con la intención de promover sus negocios financieros y atraer nuevos inversores. Según los documentos judiciales, Romillo esperaba obtener jugosos beneficios a cambio, incluida una comisión del 10% por cada inversión captada a través de Alvise.
Un pacto de intereses
El primer acto de colaboración entre ambos se produjo en un evento celebrado en el Hipódromo de la Zarzuela en abril de 2024. En dicho acto, al que asistieron más de 3.000 inversores, Alvise defendió las bondades de las plataformas financieras de Romillo, destacando su capacidad para operar sin control regulatorio. Además, aprovechó la ocasión para presentar su programa electoral, centrado en la “libertad financiera” y la crítica a las instituciones tradicionales.
Entre los audios aportados a la causa, destaca uno en el que Romillo se jacta de haber recaudado 100 millones de euros en solo 53 minutos gracias a la promoción realizada en el evento. Este hecho, sumado a otros indicios, ha llevado al juez a concluir que los vínculos entre ambos podrían constituir “la cara y cruz de una misma moneda” en una operación de financiación electoral irregular.
La sombra de los delitos electorales
El magistrado Calama considera que los hechos podrían encajar en dos delitos graves: financiación ilegal de partidos políticos, tipificado en el artículo 304 bis del Código Penal, y delito electoral, contemplado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Según el juez, estas prácticas no solo vulneran la legislación vigente, sino que socavan principios fundamentales como el pluralismo político y el juego limpio electoral.
La financiación irregular de la campaña de Alvise no sería un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia para influir en el panorama político. En conversaciones intervenidas, el eurodiputado se habría comprometido a impulsar legislación favorable al sector de las criptomonedas si lograba convertirse en una pieza clave para futuras coaliciones entre PP y Vox.
Una trama que salpica al Supremo
Dado el aforamiento de Alvise como eurodiputado, el juez Calama ha remitido una exposición razonada al Tribunal Supremo para que sea este quien asuma la investigación. En su escrito, el magistrado recalca la gravedad de los indicios y la necesidad de esclarecer el papel tanto de Alvise como de Romillo en esta presunta trama.
El caso, que inicialmente se centraba en la estafa vinculada a Madeira Invest Club, ha ido ganando relevancia al destaparse los vínculos entre el empresario y el eurodiputado. Según las investigaciones, Romillo habría utilizado el dinero entregado a Alvise como una herramienta para publicitar sus plataformas financieras, que finalmente colapsaron dejando a miles de inversores atrapados.
Este escándalo no solo pone en entredicho la integridad de Alvise, sino que también reaviva el debate sobre la transparencia en la financiación de los partidos políticos y los peligros de las donaciones anónimas. Las revelaciones publicadas por elDiario.es han añadido presión mediática al caso, mientras que la oposición exige explicaciones sobre el uso de fondos en campañas electorales.
Con más de 800.000 votos obtenidos en las últimas europeas, Alvise logró posicionar a su agrupación como un actor relevante en el Parlamento Europeo. Sin embargo, este caso podría marcar un antes y un después en su carrera política y poner de manifiesto las irregularidades que acechan a ciertos sectores del sistema electoral.