El pasado 18 de agosto, en pleno periodo vacacional, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid puso en marcha el trámite de información pública del proyecto de decreto que crea la llamada Aceleradora Urbanística. La fecha límite para presentar alegaciones se fijó apenas dos semanas después, el 3 de septiembre, lo que, según Sonia Álvarez Enríquez, secretaria de Igualdad de UGT Madrid, “limita la participación ciudadana y vulnera los derechos de acceso a la información y participación pública en materia de urbanismo y medio ambiente”.
Para la representante sindical, esta iniciativa demuestra un claro alejamiento de la Administración pública abierta y transparente, tal como exige el Convenio de Aarhus y la Ley 27/2006, además de la normativa comunitaria derivada del mismo.
Un proyecto polémico
UGT Madrid considera imprescindible retirar este proyecto de decreto y, en su lugar, “reforzar los equipos técnicos de urbanismo, garantizar la participación de la ciudadanía y los ayuntamientos, y asegurar la transparencia en todos los procedimientos”, explica Álvarez Enríquez.
El sindicato subraya que la Comunidad de Madrid necesita un urbanismo que garantice el derecho a la vivienda y combata la especulación, no un órgano político que genera inseguridad jurídica y debilita a los municipios.
Más burocracia, menos participación
Según UGT, lejos de agilizar los trámites, la Aceleradora Urbanística introduce más burocracia e invade competencias municipales. “No hay participación de agentes sociales ni de la ciudadanía, y esto acrecienta la especulación urbanística”, advierte Álvarez Enríquez.
El sindicato señala que la Comunidad de Madrid sigue sin declarar zonas tensionadas para controlar la subida desmesurada de los precios de los alquileres, lo que provoca que los salarios de trabajadores y trabajadoras pierdan poder adquisitivo.
Principales deficiencias del decreto
Entre los puntos más críticos, UGT destaca:
• Diagnóstico insuficiente: El decreto atribuye los retrasos urbanísticos a informes sectoriales sin aportar datos ni explorar alternativas, como reforzar personal y medios técnicos.
• Invasión de competencias municipales: La Aceleradora puede tomar decisiones sin garantizar la participación de los ayuntamientos afectados.
• Falta de transparencia y participación: No se prevé la publicación de actas ni acuerdos, y vecinos, asociaciones y colectivos sociales quedan excluidos del proceso.
• Unidad técnica sin medios: Se asignan nuevas funciones a la Dirección General de Urbanismo sin refuerzo de personal ni presupuesto, lo que generará sobrecarga y desequilibrios territoriales.
• Olvido de la función social del urbanismo: Prioriza inversiones y plazos sobre el derecho a la vivienda digna, incumpliendo el artículo 47 de la Constitución.
“La vivienda es un derecho, no un negocio, y cualquier normativa que la mercantilice está equivocada”, recalca Álvarez Enríquez.
UGT Madrid exige cambios
El sindicato pide que el Gobierno regional repiense el proyecto, asegurando procedimientos abiertos y la participación de todos los implicados. “No se puede permitir que se creen órganos que operen a espaldas de la ciudadanía”, insiste Álvarez Enríquez.
Para UGT, la Aceleradora Urbanística no solo ignora las necesidades reales de los vecinos, sino que también pone en riesgo la estabilidad jurídica y la función social del urbanismo, favoreciendo los intereses privados y especulativos por encima de los derechos fundamentales.
La secretaria de Igualdad de UGT Madrid lanza un mensaje claro: “El urbanismo debe servir a las personas, garantizar su derecho a la vivienda y fomentar la participación, no ser una herramienta de opacidad y especulación”. La organización anuncia que continuará presentando alegaciones y movilizando a la ciudadanía para proteger estos derechos fundamentales en la Comunidad de Madrid.