María (nombre ficticio para mantener su anonimato) tiene 43 años, dos
hijos menores de 4 y 9 años de edad, estudios superiores, su ex marido ha sido condenado por un delito de
violencia en el ámbito familiar y vive de alquiler en el municipio madrileño de
Villanueva del Pardillo, cogobernado por un
partido local y Vox. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de San Lorenzo de El Escorial tenía previsto ejecutar este 13 de noviembre el
desahucio de la vivienda en la que esta mujer vive en régimen de alquiler con sus dos hijos por el impago a su propietario. El lanzamiento se ha pospuesto porque aún no se conoce la sentencia del juicio celebrado el pasado 15 de octubre.
El padre dejó de pasar la pensión de alimentos a sus hijos a los dos meses, en cuanto fue condenado por acosar a su ex mujer
María
decidió renunciar a su vida laboral poco antes de casarse hace diez años y
se volcó en el cuidado de sus hijos tras quedar embarazada de su primera hija. A los cinco años nació el segundo niño. Hoy los menores tienen 9 y 4 años, respectivamente. Un informe de los trabajadores sociales del programa de Violencia de Género de la Mancomunidad de La Encina de la Comunidad de Madrid certificó el pasado octubre que María vive una
“situación de especial vulnerabilidad” debido a la pérdida de la vivienda a corto plazo y el difícil acceso a una vivienda para ella y sus dos hijos, así como por su falta de solvencia económica (
sólo percibe 426 euros de la Renta Activa de Inserción que pueden solicitar las víctimas de violencia de género), la inestabilidad laboral y la inexistencia de apoyo paternal hacia sus hijos, y también a que los padres de María son mayores y apenas pueden cubrir con su pensión los gastos de sus nietos.“Mis hijos comen gracias a la pensión de mis padres y visten gracias a ellos”, asegura María a
Diario16. “Todavía estoy pagando el gas que dejó de pagar mi ex marido”, añade. Cuando
en diciembre de 2017 dijo basta al acoso y control que su ex pareja ejercía sobre ella, llamó a la Policía pero no tuvo valor para interponer una denuncia contra él. Tres meses después, en marzo de 2018, finalmente lo denunció. Comenzó lo que María califica un
“segundo calvario”. Acoso, insultos, amenazas para volver a reconducir la relación de pareja… “Siempre iba a más, y yo no quería que mis hijos vieran esa situación”, explica a este diario.El Juzgado de lo Penal 33 de Madrid lo condenó en mayo de 2018 por un
delito de acoso a 90 días en beneficio de la comunidad y la prohibición de aproximarse y comunicarse con su víctima, aunque en la sentencia de divorcio dictada este 2019 por otro juzgado de San Lorenzo de El Escorial no se tiene en cuenta esta circunstancia de que se trata de una mujer
víctima de violencia de género y otorga la
patria potestad de los hijos menores a
ambos progenitores, aunque la guardia y custodia se la atribuye a la madre.El juez dictamina que el padre deberá pasar una
pensión de alientos de 250 euros mensuales por cada uno de los dos hijos en común.
Sólo les pasó los dos primeros meses, hasta que fue condenado por violencia de género y cortó el ‘grifo’ pese a que un juez lo obligó a ello. Desde entonces, María y sus dos hijos hacen piruetas económicas para sobrellevar el día a día como pueden. Sólo la pensión de sus padres jubilados amortigua en parte su situación. “Mis padres no se compran unos zapatos para que lo tengan sus nietos”, apunta María a este diario.
La concejala de Familia, Valentina del Campillo, de Vox. Foto: Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo.
Viviendas municipales vacías
Esta mujer víctima de violencia de género ha acudido en reiteradas ocasiones a
solicitar una vivienda social al Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo, e incluso se ha entrevistado personalmente con su alcalde,
Eduardo Fernández, del Partido Local Villanueva del Pardillo, y su concejala de Familia y Primera Teniente de Alcalde,
Valentina del Campillo, de Vox. El Ayuntamiento de este municipio madrileño, que en pocos años ha pasado a una población de 6.000 habitantes en 2001 a más de 17.000 en la actualidad, tiene en la actualidad
cinco viviendas públicas completamente vacías y sin uso, y pese a la
solicitud tramitada por María en abril de 2018 para que se le conceda vivir en una de ellas, los responsables municipales han puesto las más variadas excusas para no concedérsela pese a su desesperada situación.
“Mis padres no se compran unos zapatos para que lo tengan sus nietos”, apunta esta víctima de violencia de género
“A la gente que está en esta situación le da vergüenza contar que van a ser desahuciados”, le dijo el alcalde a María en un intento de restar carácter de urgencia a su petición. El regidor asegura además que estas viviendas sociales no están listas para su habitabilidad en la actualidad. A esta postura oficial del consistorio se suma el
consejo que le dio personalmente a María la concejala de Familia, del partido Vox. Valentina del Campillo le dijo sin rubor:
“Tú no estás sola, tienes a tu familia”. Los padres de esta mujer maltratada, muy mayores y ella además enferma, viven en una pequeña vivienda del barrio madrileño de Aluche, a 30 kilómetros de Villanueva del Pardillo. Los niños han nacido en Villanueva del Pardillo y sus amigos son de este municipio. Es también por ello por lo que María solicita una vivienda pública, para evitar el desarraigo de sus hijos.Mientras tanto, la
orden de desahucio para esta familia en situación de especial vulnerabilidad está
a punto de ejecutarse por un juzgado y María y sus dos hijos menores pueden verse en la calle de un día para otro. El Ayuntamiento, mientras tanto,
mira para otro lado, aunque Vox se enorgullece públicamente de
hacer patria ayudando a sus compatriotas por encima de otros necesitados foráneos.
