La banda terrorista ETA, desaparecida hace ya más de 12 años, asesinó durante casi medio siglo de actividad a un total de 853 personas desde su primer asesinato en 1968 hasta el último en el año 2010. El año que más crímenes cometió fue en 1980, un total de 93 víctimas mortales. La violencia machista suma desde 2003, primer año en que se toman registros oficiales, un total de 1.243 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas por el simple motivo de ser mujeres, destrozando familias enteras para siempre como ha ocurrido en el caso del terrorismo de la banda ETA. Sólo el pasado 2023 se contabilizaron 58 crímenes de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas. En menos de seis semanas de 2024 otros tres criminales machistas han asesinado a otras tantas mujeres en España, que arroja una media estremecedora de una mujer asesinada cada dos semanas. Pese a todo, y ahora que el país está en pleno debate político y judicial para acotar el término ‘terrorismo’ y delimitar a qué situaciones específicas aplicarlo, ningún organismo oficial ni prácticamente ningún medio de comunicación se aventura a denominar los feminicidios como terrorismo machista.
El anterior equipo de gobierno, con la dirigente de Podemos Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad, promovió que las víctimas de la violencia machista se equiparasen con las del terrorismo como parte de “una política de reparación por parte del Estado”. Esta iniciativa ha quedado en un limbo después de que en la actual legislatura asumiera esta cartera la socialista Ana Redondo.
El último criminal machista, con antecedentes por violencia sobre una pareja anterior, ha sido detenido en un prostíbulo tras huir después de matar a su pareja
Los familiares de las víctimas de violencia machista cobran en la actualidad unos 90.000 euros de indemnización por parte del Estado, una cuantía sensiblemente inferior a la que perciben las víctimas de terrorismo, que se eleva hasta los 250.000 euros. El anterior ejecutivo de Pedro Sánchez promovió esta equiparación y aún está por ver si el actual equipo de gobierno, con los socialistas ya gestionando el Ministerio de Igualdad, tienen la sensibilidad de ir en esta misma dirección.
El último crimen machista, cometido este pasado domingo en la localidad alicantina de L’Alfàs del Pi, cumple una vez más con los mismos patrones de conducta repetidos en incontables casos de feminicidios. El presunto autor del crimen machista es un hombre de nacionalidad española y maltratador habitual, con antecedentes previos por violencia machista sobra otra pareja anterior. Juan Vicente A. B., de 52 años, ha asesinado a Rocío, de 44 años y nacionalidad española, en el domicilio donde ambos convivían poco después de que ella hubiera acudido al cuartel de la Guardia Civil para denunciar los malos tratos que venía sufriendo. La víctima desistió finalmente de denunciarlo y él la ha asesinado y posteriormente huyó del lugar del crimen. El presunto terrorista machista ha sido detenido este miércoles de madrugada en un prostíbulo de la localidad de Cox, a unos cien kilómetros del lugar del crimen.
El Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi ha decretado tres días de luto por el crimen de Rocío y su alcalde, Vicente Arques, ha transmitido las condolencias a la familia y allegados a la víctima, mientras ha hecho un llamamiento a la “unidad sin fisuras de toda la sociedad contra esta lacra”.
Con este crimen machista son tres las mujeres asesinadas ya este 2024 en España, con una media estremecedora de una mujer muerta cada dos semanas. El pasado 2023 arrojó un balance de más de un crimen machista cada semana.